Chile / Pucón: Vecinos y organizaciones se movilizan en defensa del lago Villarrica. Altos índices de contaminación amenazan la zona
Luego de una serie de acciones y movilizaciones de distintas expresiones de la ciudadanía, recientemente, previo a la salida de Bachelet de La Moneda, se declaró al lago Villarrica como “saturado”, lo significa que se reconoce oficialmente desde el Estado que este importante cuerpo de agua está en peligro por contaminación, marcando así el inicio de un largo proceso tendiente a su descontaminación.
Ante esta realidad, existiendo una urgente necesidad de cambios de conciencia, políticas efectivas, un mayor compromiso de la ciudadanía y también de los funcionarios públicos de organismos de la administración local, regional y nacional, es que se vienen realizando varias manifestaciones en localidades de la denominada zona lacustre, particularmente Pucón y Villarrica.
En el caso de Villarrica, la última -y concurrida- manifestación se realizó el jueves 29 de marzo, teniendo como punto de encuentro en el acceso norte, junto al puente, para continuar hasta las puertas de la Municipalidad. En Pucón, en tanto, la marcha estaba programada para este domingo 01 de abril.
El lago Villarrica o Mallolafquén (nombre en mapuzugun) se encuentra ubicado al sureste de la Provincia de Cautín y al norte del Volcán Villarrica (Ruka Pülliam o Pillan), en la Región de la Araucanía, centro sur de Chile, territorio que ancestralmente se conoce como “Ngulumapu”, parte del Wallmapu. Al poniente se ubica la ciudad homónima y al oriente la de Pucón.
Para contextualizar la movilización social en esta zona, compartimos la convocatoria realizada para la marcha en Pucón, de este domingo 1 de abril:
“Estamos frente a un cambio de época, la opción de continuar con los mismos patrones de producción, energía y consumo ya no es viable, lo que hace necesario transformar nuestro modo de producir, consumir y gestionar los desechos, es decir, hacer los esfuerzos necesarios para cambiar el modelo de desarrollo dominante por uno que nos lleve por la vía el desarrollo sostenible, participativo y con visión de largo plazo.
Hoy, nuestros suelos, aguas, bosques y diversidad biológica y cultural están siendo -rápidamente- degradados. La contaminación medioambiental de nuestro territorio se expresa, entre otros, en la creciente pérdida de diversidad biológica como resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero, del cambio de uso del suelo, de la deforestación y de la urbanización incontrolada, trayendo como resultantes la contaminación de las aguas, la agonía del lago y los problemas relativos a la salud humana y de todos los ecosistemas de la cuenca lacustre.
El crecimiento demográfico y la urbanización obligan a encontrar con soluciones e infraestructura sostenibles que permitan a las ciudades mitigar los efectos del cambio climático e impulsar el crecimiento económico y social sostenibles.
Nuestra ciudad es más que casas, hoteles, moteles, cabañas y restaurantes, es, antes que nada, una comunidad humana que tiene el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente sano. En consecuencia, debemos poner la dignidad y la igualdad de las personas en el centro de nuestro actuar; va de suyo que éste es un proceso ambicioso y visionario que requiere de la participación de todos los sectores de nuestra comunidad.
Convencidos que la educación medioambiental es la base para mejorar la vida de las personas, y, proteger y preservar los ecosistemas, hemos decidido crear comisiones para hacer proposiciones concretas con respecto a: la elaboración de una declaración de principios del territorio, dirigida a la ciudadanía local y estival, que proponga y dé seguimiento a un plan de corto, mediano y largo plazos para mitigar los impactos negativos contra los ecosistemas de la cuenca del lago y recuperar los que sea posible; y, construir una plataforma de información y de participación de la sociedad civil para impulsar un desarrollo sostenible.
Indudablemente, para que la estrategia de desarrollo que proponemos sea eficaz, se necesitan alianzas que comprometan a los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil; dichas alianzas deben contar con la más amplia participación de la comunidad, ser inclusivas e incluir las diferentes cosmovisiones del territorio. Nuestro norte debe ser asumir las responsabilidades que tenemos con las generaciones que aún no han nacido”.
Para contextualizar la movilización social en esta zona, compartimos la convocatoria realizada para la marcha en Pucón, de este domingo 1 de abril:
“Estamos frente a un cambio de época, la opción de continuar con los mismos patrones de producción, energía y consumo ya no es viable, lo que hace necesario transformar nuestro modo de producir, consumir y gestionar los desechos, es decir, hacer los esfuerzos necesarios para cambiar el modelo de desarrollo dominante por uno que nos lleve por la vía el desarrollo sostenible, participativo y con visión de largo plazo.
Hoy, nuestros suelos, aguas, bosques y diversidad biológica y cultural están siendo -rápidamente- degradados. La contaminación medioambiental de nuestro territorio se expresa, entre otros, en la creciente pérdida de diversidad biológica como resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero, del cambio de uso del suelo, de la deforestación y de la urbanización incontrolada, trayendo como resultantes la contaminación de las aguas, la agonía del lago y los problemas relativos a la salud humana y de todos los ecosistemas de la cuenca lacustre.
El crecimiento demográfico y la urbanización obligan a encontrar con soluciones e infraestructura sostenibles que permitan a las ciudades mitigar los efectos del cambio climático e impulsar el crecimiento económico y social sostenibles.
Nuestra ciudad es más que casas, hoteles, moteles, cabañas y restaurantes, es, antes que nada, una comunidad humana que tiene el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente sano. En consecuencia, debemos poner la dignidad y la igualdad de las personas en el centro de nuestro actuar; va de suyo que éste es un proceso ambicioso y visionario que requiere de la participación de todos los sectores de nuestra comunidad.
Convencidos que la educación medioambiental es la base para mejorar la vida de las personas, y, proteger y preservar los ecosistemas, hemos decidido crear comisiones para hacer proposiciones concretas con respecto a: la elaboración de una declaración de principios del territorio, dirigida a la ciudadanía local y estival, que proponga y dé seguimiento a un plan de corto, mediano y largo plazos para mitigar los impactos negativos contra los ecosistemas de la cuenca del lago y recuperar los que sea posible; y, construir una plataforma de información y de participación de la sociedad civil para impulsar un desarrollo sostenible.
Indudablemente, para que la estrategia de desarrollo que proponemos sea eficaz, se necesitan alianzas que comprometan a los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil; dichas alianzas deben contar con la más amplia participación de la comunidad, ser inclusivas e incluir las diferentes cosmovisiones del territorio. Nuestro norte debe ser asumir las responsabilidades que tenemos con las generaciones que aún no han nacido”.
Fuente: Mapuexpress - Leer en: https://www.elciudadano.cl/chile/pucon-vecinos-y-organizaciones-se-movilizan-en-defensa-del-lago-villarrica/04/01/#ixzz5BWhHOdVB
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Grave denuncia en Aysén (Patagonia Chilena): Niegan participación ciudadana en discusión sobre proyectos mineros
Grave denuncia en Aysén (Patagonia Chilena): Niegan participación ciudadana en discusión sobre proyectos mineros
El proyecto Terrazas de la compañía Red Hill busca instalar 101 plataformas de exploración en las cercanías de Puerto Ibáñez. Mientras, Minera El Toqui pretende crear 97 en Villa Amengual, bajo la prospección Santa Teresa, y cien en Rodeo Los Palos con su proyecto Katterfeld.
Vía Radio Universidad de Chile / Tres organizaciones sociales de la región de Aysén presentaron el pasado 15 de febrero un requerimiento de participación ciudadana en la evaluación de las declaraciones de impacto ambiental, correspondientes a nuevas prospecciones mineras en las comunas de Río Ibáñez, Lago Verde, y Coyhaique.
La acción fue interpuesta por la Agrupación Aysén Reserva de Vida, la Corporación Costa Carrera y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y apuntan a diferentes iniciativas.
El proyecto Terrazas de la compañía Red Hill busca instalar 101 plataformas de exploración en las cercanías de Puerto Ibáñez. Mientras, Minera El Toqui pretende crear 97 en Villa Amengual, bajo la prospección Santa Teresa, y cien en Rodeo Los Palos con su proyecto Katterfeld.
La solicitud de las organizaciones fue rechazada por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén, bajo el argumento de que no existen cargas ambientales por parte de los proyectos, lo que quiere decir que no generan “beneficios sociales” para la comunidad.
Según el reglamento del SEA, se entiende por beneficios sociales cualquier proyecto o actividad que cubra necesidades básicas de la comunidad, tales como planes de saneamiento, agua potable o energía. A pesar de que las mineras podrían generar nuevos empleos o provocar crecimiento económico, estos factores no son considerados en el reglamento para justificar la participación ciudadana.
Patricio Segura, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, indicó que esta decisión los tiene muy decepcionados, ya que demuestra que las autoridades están pensando en pro de las empresas y la minería.
Además, manifestó que “el Estado debería tener una postura mucho más proactiva respecto a que la ciudadanía se involucre en este tipo de iniciativas” para que puedan informarse, pues muchas veces se pone en riesgo su entorno y la biodiversidad de las zonas.
La participación ciudadana en declaraciones o estudios de impacto ambiental fue establecida por la Ley N°19.300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente y tiene como objetivo que las personas pueden informarse, opinar y generar observaciones.
Para Miriam Chible, de la Corporación Costa Carrera, este rechazo es una oportunidad para hacer un cambio en la legislación, pues no deberían existir reparos para incluir a la comunidad en el proceso de evaluación ambiental.
Desde el Servicio de Evaluación Ambiental, el director regional, Claudio Aguirre, dijo que no puede opinar sobre el tema y que las razones del rechazo ya fueron entregadas en los oficios de resolución. Ahora las organizaciones están a la espera de la respuesta al recurso de reposición que presentaron para revocar el fallo.
Falta de interés municipal
Además de la participación ciudadana, la ley de Bases Generales de Medio Ambiente establece que se debe solicitar a las municipalidades y los gobiernos regionales su pronunciamiento en las evaluaciones de los proyectos que puedan influir en su área cercana. Esto tiene como fin que las autoridades puedan revisar si las actividades se relacionan o no con sus planes de desarrollo comunal.
A pesar de esta posibilidad, la municipalidad de Lago Verde, a cargo del alcalde UDI Nelson Opazo, no se pronunció ante la declaración de impacto ambiental de la prospección Santa Teresa que se instalará en la comuna. Lo mismo ocurrió con la municipalidad de Río Ibáñez, encabezada por el alcalde UDI Marcelo Santana, quienes no participaron en la evaluación del proyecto Terrazas, de la Compañía Red Hill.
En el caso de la prospección Katterfeld en Coyhaique, el municipio del alcalde PS Alejandro Huala sí hizo observaciones, indicando que “el proyecto no se relaciona directamente, desde el punto de vista ambiental, con los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Comunal”.
El alcalde indicó que tienen mucho interés de participar en estars instancias, ya que los proyectos pueden generar daño en el sector. Además, señaló que su Plan de Desarrollo Comunal tiene como foco hacer crecer a la comuna en base a la actividad turística y no con la minería.
Sobre la nula participación de los municipios de Río Ibáñez y Lago Verde, Alejandro Huala dijo que no cree que exista desinterés por parte de las autoridades, sino que lo asocia a los pocos recursos que estos lugares tienen para realizar análisis técnicos en los proyectos que están en evaluación.
Respecto de la participación del gobierno regional, la solicitud de pronunciamiento se hizo a la ex intendenta Karina Acevedo, pero no se obtuvo respuesta para ninguna de las prospecciones mineras.
Leer en: https://www.elciudadano.cl/chile/grave-denuncia-en-aysen-niegan-participacion-ciudadana-en-discusion-sobre-proyectos-mineros/04/01/#ixzz5BWgfkC7K
La acción fue interpuesta por la Agrupación Aysén Reserva de Vida, la Corporación Costa Carrera y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y apuntan a diferentes iniciativas.
El proyecto Terrazas de la compañía Red Hill busca instalar 101 plataformas de exploración en las cercanías de Puerto Ibáñez. Mientras, Minera El Toqui pretende crear 97 en Villa Amengual, bajo la prospección Santa Teresa, y cien en Rodeo Los Palos con su proyecto Katterfeld.
La solicitud de las organizaciones fue rechazada por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén, bajo el argumento de que no existen cargas ambientales por parte de los proyectos, lo que quiere decir que no generan “beneficios sociales” para la comunidad.
Según el reglamento del SEA, se entiende por beneficios sociales cualquier proyecto o actividad que cubra necesidades básicas de la comunidad, tales como planes de saneamiento, agua potable o energía. A pesar de que las mineras podrían generar nuevos empleos o provocar crecimiento económico, estos factores no son considerados en el reglamento para justificar la participación ciudadana.
Patricio Segura, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, indicó que esta decisión los tiene muy decepcionados, ya que demuestra que las autoridades están pensando en pro de las empresas y la minería.
Además, manifestó que “el Estado debería tener una postura mucho más proactiva respecto a que la ciudadanía se involucre en este tipo de iniciativas” para que puedan informarse, pues muchas veces se pone en riesgo su entorno y la biodiversidad de las zonas.
La participación ciudadana en declaraciones o estudios de impacto ambiental fue establecida por la Ley N°19.300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente y tiene como objetivo que las personas pueden informarse, opinar y generar observaciones.
Para Miriam Chible, de la Corporación Costa Carrera, este rechazo es una oportunidad para hacer un cambio en la legislación, pues no deberían existir reparos para incluir a la comunidad en el proceso de evaluación ambiental.
Desde el Servicio de Evaluación Ambiental, el director regional, Claudio Aguirre, dijo que no puede opinar sobre el tema y que las razones del rechazo ya fueron entregadas en los oficios de resolución. Ahora las organizaciones están a la espera de la respuesta al recurso de reposición que presentaron para revocar el fallo.
Falta de interés municipal
Además de la participación ciudadana, la ley de Bases Generales de Medio Ambiente establece que se debe solicitar a las municipalidades y los gobiernos regionales su pronunciamiento en las evaluaciones de los proyectos que puedan influir en su área cercana. Esto tiene como fin que las autoridades puedan revisar si las actividades se relacionan o no con sus planes de desarrollo comunal.
A pesar de esta posibilidad, la municipalidad de Lago Verde, a cargo del alcalde UDI Nelson Opazo, no se pronunció ante la declaración de impacto ambiental de la prospección Santa Teresa que se instalará en la comuna. Lo mismo ocurrió con la municipalidad de Río Ibáñez, encabezada por el alcalde UDI Marcelo Santana, quienes no participaron en la evaluación del proyecto Terrazas, de la Compañía Red Hill.
En el caso de la prospección Katterfeld en Coyhaique, el municipio del alcalde PS Alejandro Huala sí hizo observaciones, indicando que “el proyecto no se relaciona directamente, desde el punto de vista ambiental, con los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Comunal”.
El alcalde indicó que tienen mucho interés de participar en estars instancias, ya que los proyectos pueden generar daño en el sector. Además, señaló que su Plan de Desarrollo Comunal tiene como foco hacer crecer a la comuna en base a la actividad turística y no con la minería.
Sobre la nula participación de los municipios de Río Ibáñez y Lago Verde, Alejandro Huala dijo que no cree que exista desinterés por parte de las autoridades, sino que lo asocia a los pocos recursos que estos lugares tienen para realizar análisis técnicos en los proyectos que están en evaluación.
Respecto de la participación del gobierno regional, la solicitud de pronunciamiento se hizo a la ex intendenta Karina Acevedo, pero no se obtuvo respuesta para ninguna de las prospecciones mineras.
Leer en: https://www.elciudadano.cl/chile/grave-denuncia-en-aysen-niegan-participacion-ciudadana-en-discusion-sobre-proyectos-mineros/04/01/#ixzz5BWgfkC7K
