Chile: 3era Marcha Nacional Por La Recuperación del Agua y La Vida

Por tercer año consecutivo, diversas organizaciones territoriales y comunidades a lo largo y ancho del país, se coordinan para concretar la Tercera Marcha Nacional por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida que se realizará el 22 de abril en el marco del Día de la Tierra. Sin embargo, diversas comunidades ya comienzan a movilizarse desde sus territorios este mes de marzo con actividades locales en el marco del Día del Agua.

El Movimiento por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida inicia un mes de actividades territoriales, autónomas, autogestionadas y descentralizadas para elevar la voz en torno a la necesidad de modificar la actual administración del agua. Esto porque desde las diversas organizaciones entienden este líquido vital como bien común que no se debe tranzar en el mercado, pues, al igual que otros elementos de la naturaleza, son vida y no son propiedad transable en monedas.

Esta coordinación con diferentes organizaciones a nivel nacional, que cumple tres años realizando diferentes acciones en torno al agua, coordina diversas actividades de esta forma. La novedad de este año es que la marcha nacional se realizará en el Puerto Principal, como una apuesta por presionar a los Parlamentarios a que abran espacios para la discusión y modifiquen el actual Código de Aguas firmado por Augusto Pinochet en 1981.

Este año, el hito se concretará en Valparaíso este 22 de abril a las 11:00 hrs, desde Playa Ancha como una forma de presionar al Congreso de abrir espacios para la discusión así como modificaciones sustantivas para terminar con la mercantilización de este bien común.

Las siete demandas del Movimiento por la Recuperación y Defensa del Agua

Tras intensas discusiones en años anteriores, se logró establecer siete demandas puntuales para luchar por la recuperación y defensa del agua y la vida.

1. Fin al lucro: El agua es un bien común, y tal como Chile reconoció en Naciones Unidas, es un derecho humano básico, y debe ser consagrado como tal en nuestra Constitución, dejando de este modo de ser una mercancía regulada por el mercado.

2. Propiedad colectiva: El agua es de la vida y de todos los seres que de ella dependen, por lo tanto, el rol del Estado no es asignarla en propiedad, sino que garantizar, bajo una lógica territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente del agua. Para ello, es vital incorporar prioridades de uso, de manera que el uso asociado a agua para bebida, servicios sanitarios e higiénicos, producción de alimentos y mantención de los ecosistemas, tenga preferencia por sobre otras actividades productivas. Del mismo modo, se debe recuperar el control público sobre el abastecimiento y saneamiento del agua de bebida para la población.

3. Gestión comunitaria: Los pueblos tenemos el derecho de determinar los modos de vivir que deseamos. Decidir colectivamente los usos y cuidados que queremos darle a nuestras aguas es vital para viabilizar los proyectos locales y definir la cultura que debemos generar para que sean posibles. Por lo tanto, se hace urgente establecer una moratoria al centralista modelo de desarrollo minero, forestal, energético y agroalimentario que se ha impuesto en nuestros territorios, de modo de evaluar entre todos y todas, seria y rigurosamente los costos y beneficios que este ha traído a las regiones, el país y el planeta.

4. Derogación de los instrumentos privatizadores: El agua y la tierra son indivisibles, tal como lo comprenden todas las cosmovisiones campesinas e indígenas, por lo tanto, se deben derogar todos los instrumentos que fracturan este principio elemental, como el Código de Aguas y el Tratado Binacional Minero, de modo que el agua deje de ser un derecho empresarial inalienable, contra la vida y la sustentabilidad de las comunidades y los ecosistemas.

5. Leyes para la vida: Debemos dictar con urgencia una ley que proteja los ambientes fragilizados, en especial los ecosistemas glaciares y periglaciares, para preservar las nacientes de nuestras cuencas y la continuidad y sustentabilidad de los flujos hídricos.

6. Restructuración institucional: Es imprescindible que la institucionalidad, especialmente la Dirección General de Aguas, detenga sus conductas criminales, entregando más derechos de agua de lo que las cuencas pueden recargar, y resolviendo cuestiones técnicas en virtud decriterios político económicos. La institucionalidad que regule las aguas, no puede ser una pantalla democrática del saqueo, debe desburocratizarse ahora, estar al servicio de las comunidades y tener facultades y competencias para garantizar el buen uso de las aguas.

7. Fin a la criminalización de la protesta social: Las comunidades y organizaciones que hemos evidenciado las consecuencias del extractivísimo y nos movilizamos para frenar la crisis hídrica antes de que sea irrecuperable, nos hemos visto caricaturizadas mediáticamente, asediadas judicialmente, encarceladas sin cargos, en fin criminalizadas de diversas formas para ocultar a los verdaderos culpables de la precariedad impresentable en la que vivimos. Estas prácticas, entre las que se incluyen los intentos parlamentarios de la ley Hinzpeter, la vigencia de la ley antiterrorista y la discrecionalidad con la que operan las
autoridades a favor de las empresas, debe pararse ahora.

El agua nos invita a despertar ¡32 años de gestión privada del agua están secando al país!