Alerta máxima en la Provincia de Buenos Aires por el fracking

DIARIO HOY - INFOSUR
La entrega de nuestros recursos a las multinacionales a cualquier precio parece no detenerse. Hace varios meses que el método de fractura hidráulica para la explotación de hidrocarburos, conocida como fracking, despertó el debate de los distintos sectores ambientalistas y sociales de nuestro país, a partir del polémico acuerdo del gobierno nacional con la empresa estadounidense Chevrón para explotar la cuenca de Vaca Muerta en Neuquén.
Ahora un nuevo capítulo se abre con la posibilidad de que esta técnica también sea llevada adelante en la provincia de Buenos Aires. El foco está colocado ahora en el potencial hidrocarburífero de la cuenca de Claromecó, que comprende a varias ciudades del sudeste bonaerense, como Laprida, Sierra de la Ventana y Saavedra. Por tal motivo es que varios concejales, ONG´s y legisladores de la provincia vienen advirtiendo sobre las posibles consecuencias de la técnica.
El gobierno bonaerense ya tiene firmado un convenio con YPF para la exploración de los suelos de la provincia e insisten con avanzar en las legislaciones y trabajos necesarios que permitan explotar los suelos de la cuenca a costa de la contaminación de las aguas y suelos y la entrega de nuestros recursos a las empresas extranjeras. Pero de a poco, diferentes sectores sociales se han encargado de ir dando las discusiones sobre las temibles consecuencias de una técnica que ya fue prohibida en varios países del mundo por los altos niveles de contaminación.
Hace poco más de un mes los municipios que integran la cuenca de Claromecó realizaron una audiencia pública en donde ratificaron su enérgico rechazo a la posibilidad de que se realicen exploraciones de gas y petróleo en la zona, mediante la técnica del fracking. De la audiencia no participaron ni representantes de YPF ni funcionarios provinciales que habían sido invitados para compartir las opiniones y brindar la información sobre el acuerdo, que sigue brillando por su ausencia.
“Se han hecho dos audiencias públicas, en la última de Sierra de la Ventana se sacó una declaración, porque hay una fuerte preocupación por la falta de información de parte de YPF y del gobierno de la provincia que firmaron este acuerdo” contó a diariohoy.net el abogado y economista especializado en energía, Félix Herrero. Por su parte insistió en la necesidad de que se hagan públicos los detalles de las exploraciones y perforaciones que ya se están realizando sobre la cuenca. “Este convenio es tan secreto como el de Chevrón”, manifestó el ex director de Yacyretá.
Los reclamos centrales de todos los distritos que se posicionan en contra del fracking parten de la falta de estudios de impacto ambiental y pruebas que garanticen la ausencia de contaminación de reservas de agua dulce. Esta técnica de fractura hidráulica, por más que la maquillen con discurso progresista, sigue acarreando grandes riesgos como la contaminación de las aguas subterráneas, del aire y de los suelos.
“YPF se supone que ha hecho un pozo, pero no hay ninguna información específica, la gente sabe que es así pero en base a versiones locales, porque ven entrar camiones y equipos, pero no porque haya una información técnica por parte de YPF ni de la provincia”, relató Félix Herrero sobre los pozos que aún mantienen en secreto.
Las consecuencias de la utilización del fracking vienen siendo denunciadas desde distintos espacios políticos y ambientalistas por los negativos alcances sobre la salud de los habitantes y los territorios donde es aplicada. “El fracking necesita de un uso muy grande de agua, que en esta zona es un recurso escaso y muy necesario, porque es una zona de un fuerte desarrollo agrícola ganadero”, explicó Herrero sobre los efectos de la repudiada técnica.
En medio de la fuerte crisis energética, las políticas del gobierno demuestran una clara falta de proyecto estratégico de desarrollo, apuntando sólo a un extractivismo desenfrenado y dependiente de las empresas multinacionales. El panorama en el largo plazo no se presenta muy alentador en este sentido; y ni la salud de la gente, ni el aprovechamiento de nuestros recursos naturales parece estar en la agenda del gobierno kirchnerista.
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Argentina. Bienes comunes y modelo productivo: El país le entrega el agua en bandeja a las megamineras

El Gobierno pretende aprobar un nuevo Código Civil que excluye el artículo 241, que garantizaba el acceso universal al agua potable. Pesan más los negocios con las multinacionales que la vida de la población.
El Gobierno nacional pretende aprobar antes de fin de año la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial, con un llamativo apuro para evitar que crezca la indignación ante lo que será otro capítulo de la entrega de la soberanía nacional a empresas extranjeras.
En este caso, los negocios del kirchnerismo con las compañías multinacionales dedicadas a la megaminería pudieron más que las garantías constitucionales para preservar la vida de los habitantes de la Nación.
Es que los legisladores oficialistas resolvieron por orden de la presidenta Cristina Fernández quitar la propuesta de inclusión del artículo 241, que reconocía como derecho fundamental el acceso al agua potable y obligaba al Estado a garantizarlo a todos los habitantes. Así figuraba en el anteproyecto, que la propia Casa Rosada le había encargado en 2011 a un grupo de 100 juristas encabezados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
La razón por la que el Gobierno decidió deshacerse de este apartado está íntimamente relacionada con su alianza con multinacionales depredadoras como la Barrick Gold, que le dejan por año una cuantiosa suma de dinero a la caja estatal. Es que este tipo de compañías necesitan para extraer oro de la cordillera nacional –y de otros puntos del país– usar cantidades exorbitantes de agua (ver aparte) con el riesgo latente de además contaminar los ríos.
No está en la agenda oficial
Para la ciudad riojana de Famatina, la preservación y garantía del acceso al agua potable es vital, y por esa razón sus ciudadanos con el apoyo del intendente Ismael Bordagaray lograron torcerle el brazo al Gobierno nacional en tres oportunidades, rechazando tres empresas que quisieron instalarse para extraer minerales mediante la minería a cielo abierto, utilizando tecnología sumamente contaminante.
En diálogo con Hoy, el jefe comunal de Famatina aseguró: “esta es una discusión de soberanía y de la utilización de los recursos no renovables. Nadie del Gobierno quiere hablar de estos temas, nadie quiere hablar de lo que pasa con estos recursos no renovables y del perjuicio que se causa en las comunidades y del poco beneficio que dejan estas empresas”.
“Sobre todo en zonas como las nuestras, en las zonas cordilleranas donde este bien común es tan escaso, se está privilegiando el impulso de la megaminería por sobre la preservación de la vida y del desarrollo de las comunidades”, señaló Bordagaray.
En ese sentido, el intendente explicó: “para nosotros es una discusión que no se dio, inconclusa, que no está dentro de la agenda de la política pública nacional, y que debería estarlo, porque es un elemento de conflicto que surge cada vez con más fuerza en todas las zonas cordilleranas de la República Argentina”.
Cómplices
El intendente de Famatina no dudó en asegurar a nuestro diario que “el Estado debería ser garante de la preservación y el acceso al agua potable tanto como elemento de utilidad pública como para el desarrollo de la comunidad”.
“La única manera de combatir a las megamineras es con organización popular. El sostenimiento de las luchas se da a partir del compromiso de la comunidad y de todos los factores involucrados en ella: la parte religiosa, la sociedad civil, todas. La política también tiene que estar en esta defensa porque si no nos encontramos con situaciones como el caso nuestro, de un Gobierno provincial como el de Beder Herrera que avala las políticas de las megamineras y son cómplices de las políticas entreguistas”, concluyó.
Radiografía de la contaminación del agua
Si bien los métodos de explotación y extracción suelen variar, por lo general las megaminera realizan perforaciones o explosiones que provocan pozos de hasta 2 o 3 Km. de diámetro y alrededor de 600 metros de profundidad. Luego, el mineral triturado es apilado en las plataformas de lixiviación (proceso de extracción sólido-líquido), a través de la utilización de alrededor de 300.000 m3 de agua potable por día, la que es mezclada con aproximadamente 10 toneladas de cianuro de sodio por día, o en otros casos ácido sulfúrico. Y que se rocía y dispersa sobre los minerales por medio de un sistema de regaderas para realizar posteriormente la extracción.
Todo esto significa un drástico desequilibrio en el medio ambiente al variar la composición química de los minerales, dejando a su alrededor kilómetros de roca contaminante; la grave incidencia del drenaje de los contaminantes producto de los procesos químicos que impacta sobre las aguas subterráneas y superficiales culminando en hogares y campos de cultivo, con el consiguiente perjuicio en la salud de la población; y finalmente, el uso indiscriminado de millones de litros de agua potable que resultan indispensables para la vida y la salud de los habitantes, de la población y la de todo el ecosistema.
El pacto espurio
El otro punto llamativo de la situación es que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, no dijo una palabra de la omisión del artículo 241, cuando fue él mismo quien encabezó la redacción del anteproyecto que incluía ese punto.
Se trataría de otro capítulo del cada vez más evidente pacto entre el magistrado y el Gobierno, que hace dos semanas le otorgó al kirchnerismo un fallo favorable sobre la ley de medios y había levantado antes el embargo a la estadounidense Chevrón, dejando vía libre al saqueo de los recursos energéticos nacionales.
Datos del peligro
Para tener dimensión del peligro que corre el agua potable en el país basta ver las cifras de lo que pretende ser el proyecto binacional Pascua-Lama, encarado por la canadiense Barrick Gold, que en este momento está frenado del lado chileno, pero sigue en marcha en San Juan. Esta iniciativa de minería a cielo abierto utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo –en una zona semidesértica–, 200 camiones de explosivos al mes y detonarán 45.000 toneladas de roca por día. En esta zona, están en riesgo más de 40 glaciares.
Por otro lado, en Argentina los efectos de la megaminería ya están presentes en Catamarca, donde ya está comprobado por el Juzgado Nº2 de Tucumán que el emprendimiento La Alumbrera -de las multinacionales XSTRATA (Suiza), Goldcorp Inc. (Canadá) y Northern Orion Resources Inc. (Canadá)- ya contaminó la cuenca del río Salí-Dulce al detectarse la presencia de cobre en el agua.

Fuente; DIARIO HOY - ACTA  - Imagenes: diariohoy.net - nofrackingvallespasieg...

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