Chile - Proyecto de Fomento Forestal: ¿El mismo modelo forestal para 20 años más?

Por Pedro Andrade

 
El Proyecto que modifica y extiende por 20 años el Decreto Ley N° 701 sobre Fomento Forestal, sigue su camino legislativo en las salas del Congreso Nacional sin que hasta el momento se hayan acogido indicaciones y observaciones presentadas por organizaciones sociales, sindicales, académicas, ambientales, campesinas y de pueblos originarios.
El polémico proyecto ingresó al Congreso Nacional en octubre de 2012 y durante su discusión, los honorables integrantes de las Comisiones de Hacienda, Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, rechazaron o declararon inadmisibles la mayoría de las indicaciones tendientes a mejorar la propuesta. Entre ellas, normas de protección ambiental para delimitar la intensidad y extensión de talas rasas, la modernización en la gestión de los planes de manejo, y el fomento directo a pequeños propietarios, puntos que hoy no están garantizados.
Más tarde en el Senado, las mismas organizaciones plantearon nuevamente diversas indicaciones y llamaron en reiteradas ocasiones a los parlamentarios a tener mayor apertura al debate y, sobre todo, evitar las presiones del Gobierno. Sin embargo, a mediados de junio, la Sala aprobó la idea de legislar sobre la iniciativa. Ésto, a pesar de las numerosas falencias que tiene, tanto de forma como de fondo, y que van desde el incumplimiento de la Consulta Indígena, hasta la no existencia de una evaluación social ambiental y económica de la aplicación del Decreto Ley 701 durante casi 40 años, y que Chile no cuenta con una institucionalidad forestal pública que pueda administrar esta nueva ley.
El proceso aún tiene jornadas que enfrentar. Las más de 400 indicaciones que fueron presentadas a mediados de julio, en el marco de su último trámite constitucional por los senadores Isabel Allende, Ximena Rincón, Soledad Alvear, Alejandro Navarro, Jaime Quintana y José Antonio Gómez, entre otros, haría fortalecer el debate en torno al proyecto. O al menos eso espera la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.
Su presidenta, Pilar Cárcamo, llamó al resto de los parlamentarios a tener en cuenta estas indicaciones, ya que se trata de una propuesta compleja y que tiene pendientes elementos que permitan abordar adecuadamente el fomento y manejo sustentable de las plantaciones forestales.
“Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la discusión parlamentaria no contó con una evaluación social, ambiental y económica adecuada y profunda acerca de los impactos que ha tenido el D.L. 701 durante los últimos 40 años. Además, Chile no cuenta con la institucionalidad forestal pública acorde a la propuesta, lo que podría generar limitaciones en la administración de esta ley”, manifestó.
En tanto, el vicepresidente AIFBN, Sergio Donoso, recordó que debe haber asistencia técnica permanente para los pequeños y medianos propietarios forestales, así como estimular la asociatividad de los propietarios de bosque nativo. “Junto con ello, consideramos que la ley plantea que haya un concurso para el subsidio y esto ha tenido un muy mal resultado en una ley equivalente, que es la ley de bosque nativo, que después de cuatro años de aplicación se ha ejecutado el 5% del presupuesto”, insistió el experto en Radio Universidad de Chile.
Si bien las organizaciones que se oponen al proyecto -tal como está- no lograron que los honorables rechazaran la idea de legislar el proyecto, sus representantes pusieron en evidencia los impactos que tiene el actual modelo forestal a nivel económico, ambiental y social.
En carta enviada a los senadores, afirman que el proyecto mantiene las actuales desigualdades, la centralización de los recursos económicos en unas pocas empresas y la disminución de los índices de desarrollo humano en las localidades y comunas más pobres, donde la industria forestal ha logrado desarrollarse desde 1974.
“De mantenerse esta ley (…) se continuará con el impacto negativo en la cantidad y calidad de las aguas, en la pérdida de fertilidad del suelo, biodiversidad, y la cultura y el territorio de las comunidades rurales y pueblos originarios que actualmente viven rodeados de plantaciones, trayendo consigo problemas para el abastecimiento de agua para sus actividades productivas y consumo humano”, manifestaron en la misiva.
EL CASO DE CHILOÉ
Una nueva Ley de Fomento debe regular el tamaño, ubicación y diseño de los monocultivos forestales a gran escala, así como sus métodos de cosecha, promoviendo el cuidado de las macro y microcuencas proveedoras de agua para consumo humano. Para la AIFBN, este punto no está abordado en la propuesta del Ejecutivo. “El proyecto del Gobierno deja amarrado al actual D.L. N° 701, las normas de protección ambiental donde está demostrada la permisividad de la legislación vigente, a través de malas prácticas de empresas forestales”, sostiene la AIFBN en una minuta entregada a los legisladores.
En este contexto, el caso de Chiloé se ha transformado en emblemático debido a que es un archipiélago con características ecosistémicas especiales y frágiles. Esto, a juicio de sus organizaciones sociales, la hacen inviable para ser parte de un proceso masivo de plantaciones exóticas, con fines comerciales ajenos a su territorio y por sus efectos en el ciclo del agua.
Las principales conclusiones del estudio “Plantaciones forestales en ñadis, actualidad y proyección de uso”, solicitado por la Agrupación de Ingenieros Forestales (AIFBN) a investigadores de la UACh son tajantes: en Chiloé las plantaciones forestales de especies exóticas fueron establecidas en sitios inadecuados debido a sus enormes impactos ambientales, y los beneficios económicos que generaron para pequeños y medianos propietarios que las establecieron en sus predios fueron bajos.
“Con los antecedentes entregados, se ratifica que la política de fomento forestal relacionada a plantaciones en Chiloé ha sido un fracaso. Los subsidios entregados por el Estado han sido mal enfocados y eso fue demostrado por académicos de la UACh que el año 2011 las evaluaron”, relata Javier Sanzana, ingeniero forestal AIFBN.
Para el profesional, “está claro que se debe evaluar el DL 701 localmente y el efecto ambiental que han causado las plantaciones con subsidio del Estado que en Chiloé han sido principalmente con eucaliptus, pensando en una nueva ley de fomento forestal”.
Tal vez, en Chiloé estén a tiempo de que el modelo forestal no sustentable instalado más al norte, no se consolide. Es necesario, que de una vez por todas, la legislación de fomento forestal considere normas de protección ambiental para algo tan básico como delimitar la intensidad y el tamaño de las talas rasas, las que traen consigo enormes externalidades negativas documentadas por la ciencia y el testimonio de comunidades indígenas y campesinas.
Hay una alternativa planteada por algunos parlamentarios, la que no ha sido abordada como corresponde por los actores que defienden, porfiadamente, las bondades del proyecto y el actual modelo forestal: prorrogar el actual D.L. 701 por dos años, mientras se avanza en una nueva ley de Fomento Forestal.
El Ciudadano Nº144