“Cuestionamiento del Poder Ejecutivo sobre fallo de la Corte Suprema demuestra fracaso de la gestión ambiental”
Ecosistemas.
Declaración pública Consejo de Defensa de la Patagonia. Ante las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, respecto del reciente fallo de la Corte Suprema que rechazó la instalación de la Central Termoeléctrica Castilla en el norte de Chile, diversas organizaciones ambientales declaran:
1. Concordamos con la declaración emitida por el pleno de la Corte Suprema el día 11 de septiembre de 2012, en relación a considerar que la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez ha incurrido en una “intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución Política entrega a los tribunales de justicia”.
2. Consideramos que los dichos de la autoridad, representante del Ejecutivo, son extremadamente graves, pues no solo se entromete en las resoluciones de otro poder del Estado, sino que desconoce el derecho de todas las personas a recurrir ante la justicia, solicitando que se cautelen derechos establecidos en la Constitución de la República, en particular el del artículo 19 N°8, que garantiza el derecho a vivir en un medio libre de contaminación y obligando al Estado a velar para que este no sea afectado y a tutelar la preservación de la naturaleza.
3. La ministra, además, se empecina en defender una institucionalidad ambiental precaria y que a todas luces está haciendo agua. Una institucionalidad que en vez de gestionar el medio ambiente, los recursos naturales y ecosistemas, y resguardar las garantías constitucionales de las personas, está llena de falencias. Benítez se empeña en defender una institucionalidad que no ha sido capaz de gestionar, pues desde la reforma a la Ley Ambiental el año 2010 no se han dictado los reglamentos pertinentes para hacer operativo este diseño institucional. Defiende la autoridad una institucionalidad a medias, donde una parte opera con los reglamentos antiguos y otra sencillamente no puede hacerlo, como es el caso de la Superintendencia de Medio Ambiente.
4. El número cada vez mayor de conflictos socioambientales y la alta judicialización de los mismos, especialmente de los que dicen relación con proyectos energéticos, se explica por la falta de garantías que el Sistema de Evaluación Ambiental da a las comunidades potencialmente afectadas por tales proyectos.
5. En la actual institucionalidad ambiental, las comunidades no tienen otra salida que recurrir a los Tribunales de Justicia para que estos velen por sus derechos y tomen decisiones, en un escenario de evidente desequilibrio de poder entre las empresas y la ciudadanía. Las comunidades podrán y deberán seguir recurriendo a las cortes cuando se trate de solicitar el resguardo de garantías constitucionales.
6. Es clave la conclusión emitida este martes 11 de septiembre por la Corte Suprema, que tras realizar un pleno extraordinario, manifestó "su total, absoluto y decidido rechazo a las declaraciones de la señora ministra de Medio Ambiente, que han sobrepasado la sola crítica", y la insistencia del gobierno en esta postura demuestra fracaso del sistema de gestión ambiental en su conjunto. El máximo tribunal argumenta claramente que las afirmaciones de la secretaria de Estado "constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, las que se hallan constitucionalmente garantizadas y que se erigen como condiciones indispensables para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el estado de derecho".
7. Es importante recordar que la ministra de Medio Ambiente participa del Comité de Ministros que próximamente debe pronunciarse sobre la autorización de un proyecto altamente cuestionado por la ciudadanía y el Parlamento como es HidroAysén. En este sentido, hoy María Ignacia Benítez no da garantías de imparcialidad para votar en tal trascendental proceso que podría cambiar el destino a la Patagonia Chilena.
8. Exigimos al gobierno tomar las medidas pertinentes toda vez que a través de las recientes declaraciones de Benítez se devela que el real compromiso de la máxima autoridad ambiental del país está con el sector eléctrico y con el gran empresariado, mientras que el mandato que le confiere la Ley es el de proteger el medio ambiente.
Finalmente, las organizaciones ambientales que desde hace años trabajan para fiscalizar que los gobiernos mantengan el equilibrio en la búsqueda del llamado desarrollo económico y social, instan a que el ministerio de Medio Ambiente sea dirigido por una persona sin vínculos recientes con las empresas privadas, por cuanto obligatoriamente les tocará ser juez y parte en la evaluación ambiental de proyectos, tal como ha sucedido con la ministra María Ignacia Benítez, que ha mostrado su verdadero sesgo cuestionando un fallo unánime de la Corte Suprema. Creemos que esta sentencia recoge el verdadero espíritu de la Ley, específicamente del artículo 19 Nº8 de la Constitución que señala: “La Constitución asegura a todas las personas: 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la Naturaleza”.
Mitzi Urtubia 92256238- Patricio Segura 99699780
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Olca exige inmediata renuncia de ministra Benítez
Ante insólitas declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, en El Mercurio de hoy lunes 10, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), declara:
1. El grado de intromisión, manipulación de datos y arrogancia de esta autoridad de gobierno, pone en entredicho la institucionalidad democrática de nuestro país. Es absolutamente impresentable que la titular de Medio Ambiente acuse al poder judicial de “debilitar a la institucionalidad ambiental”, cuando lo único que sostiene el fallo de la Corte Suprema (ratificando, por lo demás, lo ya dicho por las Cortes de Apelaciones de Copiapó y de Antofagasta, cuando debieron pronunciarse sobre la materia) es que el poder ejecutivo presionó indebidamente a diversas autoridades ambientales para beneficio del proyecto Castilla de las empresas MPX-E:ON.
Es decir, la Tercera sala del máximo tribunal cumplió con su deber de corregir una flagrante ilegalidad que afectaba el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
2. Las infortunadas declaraciones constituyen una ofensa a innumerables comunidades que han denunciado el mal proceder de la institucionalidad ambiental, misma que ha permitido absurdos tales como que el proyecto minero Pascua Lama se haya evaluado fraccionadamente en al menos cinco partes.
Nuestra Corte Suprema con el reciente fallo pone coto a la subdivisión mañosa de numerosos proyectos empresariales que en la práctica burlaban los principios y el espíritu de la ley ambiental.
3. Lamentablemente, la ministra Benítez no tiene la independencia necesaria para garantizar probidad al país en materia medio ambiental, pues pretende hacer creer que la institucionalidad debe seguir operando sin control alguno, pese a ser evidente su actuar político y no técnico en desmedro de los derechos colectivos. Esto se refuerza por el cuestionamiento y escándalo desatado en el caso de los planteles de cerdos de Agrosuper en Freirina, que en su momento contó con sus servicios como consultora, y donde la supuesta rigurosa evaluación técnica se transformó en un una catástrofe sanitaria y ambiental a los pocos meses de entrada en operaciones la planta.
4. A nuestro entender, lo que se desprende de la sentencia de la Tercera Sala es la correcta aplicación del principio preventivo que anima la ley de bases del medio ambiente, espíritu que no prevaleció en la contaminación de Agrosuper, y que la ministra aspira a que tampoco opere en el caso Castilla.
5. Finalmente, denunciamos que este tipo de declaraciones, sumadas a las recientes gestiones de MPX-E.ON con el ministro de Energía y/o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, difundidas por los medios comunicación de masas, generan un cuadro de alianza entre el multimillonario brasileño y altas autoridades de gobierno para persistir en una interpretación miope de la ley, que superpone los derechos de los inversionistas extranjeros, por sobre los derechos de las chilenas y chilenos.
Esto es insostenible y requiere de una acción urgente de parte del gobierno de Sebastián Piñera, si realmente quieren construir certidumbres en materia ambiental se debe solicitar la renuncia de la actual ministra del Medio Ambiente, señora María Ignacia Benitez.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - Olca - Imagenes: olca.cl - theclinic.cl
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Señaló que sus dichos “han sobrepasado la sola crítica y constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales”.
Cerca de una hora duró la cita del pleno de la Corte Suprema que se reunió ayer para analizar los dichos de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, comentando el fallo de la Tercera Sala en que rechazó el proyecto termoeléctrico Castilla. “El pleno de la Corte Suprema manifiesta su total y absoluto rechazo a las declaraciones de la señora ministra de Medioambiente que han sobrepasado la sola crítica y constituyen la afectación de la independencia y la autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones”, indica el comunicado enviado horas después del término de la cita y que fue leído por el ministro Hugo Dolmestch, vocero titular de la Corte.
Sin la firma de Sergio Muñoz, Carlos Künsemüller, Rosa Egnem, Guillermo Silva y Juan Escobar -pues se inhabilitaron por haber sido quienes frenaron el proyecto-, los ministros del Máximo Tribunal señalaron que de “las declaraciones de la señora Ministra del Medio Ambiente puede concluirse que éstas no han importado crítica, sino que constituyen derechamente una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución Política entrega a los tribunales de justicia”.
En un comunicado de tres páginas, el pleno señaló que las afirmaciones de Benítez “van inequívocamente dirigidas en el sentido de desconocer a la jurisdicción competencia para revisar la legalidad de los actos de la Administración, en este caso específico, de la autoridad ambiental”.
Por ello, los jueces explicaron en el documento que el poder judicial ha sido concebido “precisamente, entre otros fines, para revisar y cautelar que la actividad de los órganos que forman parte de la Administración del Estado no contravenga la legislación vigente, cuando se le plantea que ésta ha privado, perturbado o simplemente amenazado el legítimo ejercicio de derechos fundamentales”.
Además, indicaron que por tal razón, los fallos de los tribunales no se refieren sólo a “cuestiones meramente técnicas”, como algunos han puesto en duda sobre la facultad que tengan los tribunales de ver este tipo de temas, “sino de conflictos en que las personas reclaman protección, que los tribunales que forman parte del Poder Judicial de la República jamás les negarán, en el ejercicio inclaudicable de su tarea de administrar justicia”.
En todo caso, el documento señala que de los once ministros que firmaron el documento, dos de ellos, la ministra Gabriela Pérez y el ministro suplente Alfredo Pfeiffer, no comparten algunos puntos del acuerdo, pues estiman que “las expresiones vertidas por la señora Ministra del Medioambiente sólo constituyen una crítica inadecuada al fallo en referencia”.
Reacciones de la ministra
Tras participar de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la ministra Benítez dijo que “ya emití mi opinión ayer, así que no tengo más comentarios al respecto”. Acerca de lo que manifestó la Corte Suprema, señaló que “ellos (los ministros del máximo tribunal) pueden emitir sus propias opiniones”.
Las declaraciones
En el mismo escrito, los ministros citaron algunas de las declaraciones que gatillaron su reunión. Entre ellas, “al decir el fallo que no se evaluó una parte y que todo debe evaluarse en conjunto, está refiriéndose a un tema que es de competencia de la administración (…) Sustituir al organismo técnico es lo que no corresponde y acá la institucionalidad queda en entredicho”. “A mi juicio la Corte no debiera calificar, porque el único encargado de calificar y con la competencia para hacerlo es la autoridad sanitaria (…) Creo que la Corte no tiene la competencia técnica en esos temas para decir que esto es contaminante o no’”, citó el comunicado enviado por el pleno.
Fuente: El Financiero.
