La Minería Responsable: ¿Realidad o Mito?

Por Dr. Edgardo, Alarcón León

La industria minera desde sus albores, hace aproximadamente 3000 años, ha legado problemas socioambientales difíciles de solucionar y está creando problemas que afectan la estabilidad y sustenabilidad de esa industria. La aplicación de algunos conceptos basicos en la extracción y uso de recursos, puden hacer que la actividad minera sea responsable y sostenida. De otra manera, la actividad minera responsable y sostenida seguirá siendo un mito.


La industria minera desde sus albores, hace aproximadamente 3000 años, ha legado problemas socioambientales que en muchos casos son difíciles de solucionar. Clark y Cook Clark (2005) indican que en contraste a los procesos industriales de la minería actual, la actividad minera en tiempos previos a la revolución industrial solo era para recuperar mineral con alto-grado y para ello normalmente necesitaron reducidos procesos de excavación y procesamiento. Como tal, debido al exiguo nivel de perturbación y potencialmente la cantidad reducida de desechos mineros, los efectos ambientales y sociales fueron localizados, con menor significado y cuantía.
Con el correr de los tiempos, especialmente con el devenir de la revolución industrial, se observo un salto cuantitativo del proceso extractivo de recursos minerales y con ello el impacto al ambiente natural (a través, por ejemplo, de pérdida de especies vegetal y animal y la contaminación del aire, aguas superficiales y subterráneas) o comunidades locales (a través, por ejemplo, de modificaciones culturales y/o relaciones sociales por la presencia de personal con diferentes modos de vida) se hizo mas notorio (Alarcón León, 2009, Miranda et al. 2005). Como respuesta a estas consecuencias, algunos gobiernos, organizaciones supranacionales, centros de investigación científica, y organizaciones no gubernamentales, han desarrollado cientos de estudios para definir si la industria minera es sostenible y si su rol dentro de la sociedad es positiva. Una de estas concepciones, el capítulo 4 de la Agenda 21, llama a los gobiernos a “promover la producción eficiente a través de la optimización del uso de recursos naturales y la reducción de los desechos”. Si bien la premisa implica una visión global sobre el uso de energía y recursos naturales, para la industria minera ello significa una mayor responsabilidad con el medio ambiente maximizando la preservación del hábitat, la interacción e inclusión con/de las comunidades influenciados por la actividad, el uso y adaptación de tecnología innovativa, la minimización de residuos mineros y la reutilización y reciclaje de materiales.
Lamentablemente, envés de acción voluntaria como parte de todo un programa de planificación socioambiental, el uso y la aplicación de estas premisas solo se efectúan en cumplimiento a lineamientos elaborados por entes reguladores. Así por ejemplo, el Banco Mundial (2005) indica que el gobierno Peruano en respuesta al incremental proceso extractivo de recursos minerales y los conflictos de carácter socioambiental, adopto el Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales el año de 1990. Subsiguiente a ello, durante los años 90, para mitigar de una manera mas eficiente los crecientes conflictos socioambientales, el Gobierno Peruano;
a) desarrolló un sistema institucional para armonizar responsabilidades institucionales y legislaciones ambientales,
b) desarrolló normas ambientales sectoriales y
c) definió estándares para el manejo de aguas, aire y suelos.
La Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAM), en su calidad de autoridad ambiental nacional y órgano rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), fue la encargada de facilitar y concatenar el desarrollo y la implementación de estas y otras legislaciones puntuales.
Según algunas opiniones (por ejemplo, Banco Mundial 2007, De la Puente 2005), la gama de legislaciones, aunque en forma no contundente, apuntalan conceptos básicos para que la industria minera desarrolle sus actividades en forma sostenida, considerando un buen manejo ambiental y alineado con una sonante práctica social-cultural. Sin embargo, debido a factores que principalmente lindan con economías inmediatistas y prácticas puramente extractivas, la responsabilidad socioambiental minera no es un factor determinante dentro de los procedimientos que regulan el proceso extractivo de recursos minerales. Es así que recientemente, debido a serios conflictos de carácter socioambiental, Beatriz Merino, la actual jefa de la Defensoría del Pueblo, indico “… que hace unos tres años que no había una institucionalidad ambiental…y que casi la mitad de los conflictos son socioambientales y derivan del temor a la contaminación provocada por industrias extractivas y especialmente mineras” (La Republica, Domingo 16 de Agosto 2009).


Las observaciones obviamente indican que el Estado Peruano y la industria minera, como institución en si, no están tomando con seriedad y ecuanimidad el rol de la industria minera en el desarrollo integral del país. Ello es preocupante debido a que;
1) si el gobierno no invita al cumplimiento de las legislaciones establecidas, en largo-plazo, el Estado adquirirá una responsabilidad incrementada y las soluciones a los problemas socioambientales serán mas complejas y de alto costo, y
2) la minería al no desarrollar sus actividades de acuerdo a las regulaciones existentes, está creando problemas de carácter socioambiental que en largo-plazo solo afectara la estabilidad y sustenabilidad de la industria en conjunto y su rol dentro de la sociedad será incrementalmente mellada.
Los problemas referidos no necesariamente son de exclusividad de los llamados países en desarrollo, como el Perú. Muchos países industrializados, ejemplo, Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, también tienen serios problemas debido al legado histórico de la actividad minera. En años recientes, para regular y remediar estos pasivos ambientales los gobiernos de dichos países ha implementado legislaciones modernas que engloban conceptos de sustentabilidad con uso prioritario de tecnologías modernas y sistemas avanzados de gestión ambiental y social. Por ejemplo, como parte de su desarrollo sostenido y la normatividad esencial para el buen manejo de su medio ambiente, Nueva Zelanda ha evolucionado sus legislaciones mediante un Acta de Administración de Recursos (Resource Management Act, 1991). Los resultados son positivos y evidentes. La legislación ha generado mayor responsabilidad ambiental y social de parte de las actividades extractivas mineras y no mineras.
Lamentablemente, a pesar de toda esta implementación de políticas que afianzan conceptos de desarrollo sostenido y responsable, todavía no existe un sistema de estándares internacionales que regulen la actividad minera ni casos ejemplo en donde un sitio minero ha sido satisfactoriamente rehabilitado y cerrado. Sin embargo, debido a que la minería se ha convertido en el pilar de muchas economías nacionales como en el caso del Perú, los gobiernos han recientemente introducido una serie de legislaciones que tratan de modernizar la actividad económica de recursos minerales.
Últimamente, el gobierno Peruano a través del Ministerio del Ambiente ha introducido la Política Nacional del Ambiente (MINAM 2009). Dentro del capitulo Minería y Energía, hay una serie de especificaciones que apuntan a promover, impulsar y mejorara buenas practicas en el manejo y desarrollo de la industria minera. Sin embargo, sin mezquinar el espíritu de estas políticas, el nuevo régimen no especifica sobre el establecimiento de vínculos firmes -bajo ley-entre los actores sociales(1) y la industria. La promoción de políticas de responsabilidad social no necesariamente implica que la industria tenga responsabilidad legal para no proseguir con sus actividades si es que no hay “mutuo acuerdo” con los actores sociales. Es decir, la protección de los intereses de las comunidades que viven en o alrededor del sitio influenciado, recae en el grado de responsabilidad que las compañías individuales y los responsables de los proyectos están dispuestos a adoptar. Las normas tampoco determinan -como ley-la aplicación de probados conceptos y el uso y transferencia de tecnologías modernas durante los procesos de exploración, extracción, rehabilitación y cierre de los sitios mineros. Otro punto que es obviado es el de generar mayor concepto para promover la transformación de productos de minerales y de esa manera promover una mayor eco-eficiencia en el uso de minerales y sus derivados. Estos dos puntos son claves debido a que en largo-plazo estos determinan el grado de competitividad de la empresa y de los actores sociales con intereses en el desarrollo integral de la industria.
La evaluación general de estos indicadores muestra la complejidad de las relaciones políticas, sociales, económicas y ambientales que se dan en torno a la actividad minera. Al mismo tiempo, el andamiaje de legislaciones implementadas muestra que la industria necesita radicalmente cambiar sus perspectivas de corto-a largo-plazo. En tiempos modernos y de globalización, la industria y los responsables de los proyectos están en la necesidad de elaborar y aplicar conceptos holísticos, basado en el diálogo social, el uso de metodologías y tecnologías de punta para un desarrollo sostenido de la actividad. Ello también implica, que los gobiernos tienen la obligación de reevaluar constantemente sus legislaciones para adaptarlos a tiempos modernos. La industria, de igual manera, a través de sus canales administrativos necesitan primeramente reconocer que;
a) de acuerdo a su responsabilidad socioambiental la industria este preparado para afrontar potenciales problemas que puedan ocurrir durante todo el tiempo que la actividad dure, y
(b) todo el plan de desarrollo de la actividad, incluyendo el plan de cierre de mina, están vinculadas a las expectaciones puestas por los actores sociales y el Estado (Alarcón León 2009, Clark y Cook Clark 2005).
Todo este engranaje enfoca que;
i) el respeto y apoyo al desarrollo sostenible de las comunidades localizadas en las áreas de influencia de sus operaciones, sean el eje central de la actividad minera,
ii) las relaciones laborales y la prestación de servicios básicos incluyendo políticas de salud, y educación sean estratégicos para el desarrollo de la industria,
iii) el desarrollo de la industria contribuya con el crecimiento económico, técnico-científico, social y cultural de los actores sociales con interés en la actividad minera y
iv) la industria en beneficio de incrementar su grado de competitividad y disminuir el impacto ambiental necesita desarrollar e introducir nuevas tecnologías y practicas modernas de minería.
En suma, la aplicación de los muchos conceptos expuestos en beneficio de la extracción de recursos, harán que la actividad minera sea responsable y sostenida. De otra manera, la actividad minera responsable y sostenida seguirá siendo un mito. www.ecoportal.net