martes, 28 de marzo de 2017

Big Data: la dictadura de la información digital

A medida que los avances tecnológicos se insertan en la sociedad globalizada, sus mecanismos parecen influir en el orden político a través del análisis algorítmico de la información digital. Los Estados-nación hasta los momentos no han usado el Big Data para el desarrollo de políticas públicas, más bien el sector corporativo-privado se ha beneficiado enteramente de este proceder tecnológico.

Martin Hilbert es experto en redes sociales y actualmente es el asesor tecnológico de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En una entrevista en enero pasado que le hiciera el medio chileno The Clinic habló con entusiasmo de lo que llaman Big Data.
Él mismo lo define así: “Tenemos tantos datos y tanta capacidad de procesarlos, de identificar correlaciones, que podemos hacer a la sociedad muy predecible. Y cuando puedes predecir, puedes programar”.
Las tecnologías de la información y la comunicación han creado este concepto para una operatividad común: la regulación del ordenamiento social a través del análisis de la información.
Hilbert aporta los siguientes datos: “Desde el 2014 hasta hoy, creamos tanta información como desde la prehistoria hasta el 2014. Y lo más impresionante, para mí, es que la información digital va a superar en cantidad a toda la información biológica que existe en el planeta”.
Actualmente ya existe más información digital que código genético humano, y augura Hilbert: “Durante este siglo, la información digital va a superar a toda la información genética que existe en la biósfera”.
¿Para qué sirve tanta información recopilada y procesada? Dice que “con los datos de movilidad de Google se pueden hacer estudios. Y ya sabemos, por ejemplo, que se puede predecir con casi un 90% de probabilidad dónde vas a estar tú en cada momento de cada día del año que viene”.
Estos estudios de probabilidades son hechos por grupos especializados y empresas que han tomado las riendas del comercio de la información digital.
DATOS POR VOTOS
 La venta de información es el negocio de empresas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Sabemos que la privacidad en esos canales es una condición a la cual tienen que abandonar los consumidores de redes sociales, por lo que el comercio de información fluye con cada vez mayores expectativas.
Un ejemplo de esta comercialización con consecuencias políticas en los EEUU en específico son las campañas electorales de Barack Obama en 2012 y de Donald Trump en 2016.
La estrategia del ex presidente Obama fue hacer palanca sobre la nueva realidad demográfica de EEUU a través de la Big Data, y con eso fue capaz de manipular las redes sociales para su beneficio.
Cuenta Hilbert que “contrató a un grupo de cuarenta nerds, de Twitter, de Google, de Facebook, de Craigslist, tres profesionales de póker, otro que trabaja con células madres, en fin. A esos cuarenta nerds los puso en un subterráneo, les dio mil millones de dólares y un número para el servicio de pizza, ¿no? Y ahí en el subterráneo crearon los 16 millones de perfiles que les interesaban, los votantes indecisos. Sacaron datos de todos lados. Incluso tuvieron acceso a las Setup-Boxes, lo que sería el DirectTV en Chile, que registra cómo tú ves televisión. Si tienen acceso a eso, ya saben lo que te interesa, y empezaron a llevar comerciales individualizados. Lo más delicado es que no sólo pueden mandarte el mensaje como más te va a gustar, también pueden mostrarte sólo aquello con lo que vas a estar de acuerdo. Si Obama tiene sesenta compromisos de campaña, puede que 58 te parezcan mal, pero al menos con dos vas estar de acuerdo. Digamos que estás a favor del desarrollo verde y a favor del aborto. Bueno, empezaron a mostrarte en Facebook sólo estos dos mensajes”.

¿Qué hizo Trump? “Contrató a Cambridge Analytica para los estudios de recopilación y procesamiento de datos en su campaña electoral. ¿Qué hicieron con eso? Usaron esa base de datos y esa metodología para crear los perfiles de cada ciudadano que puede votar. Casi 250 millones de perfiles. Obama, que también manipuló mucho a la ciudadanía, en 2012 tenía 16 millones de perfiles, pero acá estaban todos. En promedio, tú tienes unos 5000 puntos de datos de cada estadounidense. Y una vez que clasificaron a cada individuo según esos datos, lo empezaron a atacar. Por ejemplo, en el tercer debate con Clinton, Trump planteó un argumento, ya no recuerdo sobre qué asunto. La cosa es que los algoritmos crearon 175 mil versiones de este mensaje -con variaciones en el color, en la imagen, en el subtítulo, en la explicación, etc.- y lo mandaron de manera personalizada. Por ejemplo, si Trump dice ‘estoy por el derecho a tener armas’, algunos reciben esa frase con la imagen de un criminal que entra a una casa, porque es gente más miedosa, y otros que son más patriotas la reciben con la imagen de un tipo que va a cazar con su hijo. Es la misma frase de Trump y ahí tienes dos versiones, pero aquí crearon 175 mil. Claro, te lavan el cerebro. No tiene nada que ver con democracia. Es populismo puro, te dicen exactamente lo que quieres escuchar”.
Explica Hilbert que esto no se hace con anuncios publicitarios sino más sofisticadamente. Facebook usa algoritmos para hacerte llevar hasta tu timeline enlaces con temas de preferencia para el consumidor de redes; no usan propaganda de campaña, sencillamente te asoman artículos de prensa bien elegidos que se pueden leer entrelíneas como propaganda electoral.
“Y si tú por medio año ves ‘Obama héroe’ de estas dos cosas que te gustan, al final vas a decir ‘oye, tan mal no está este Obama’. Bueno, en 2012 le cambiaron la opinión al 78% de la gente que atacaron así. Y Trump lo hizo con 250 millones. Creo que George Orwell se metería un tiro, porque ni él se imaginó algo así. La democracia es completamente inútil con algo así”, opina paradójicamente este entusiasta de la Big Data.
BURBUJAS HUMANAS
Hilbert asegura que ya estamos en eso que futuristas y tecnólogos tildan de la “era de la singularidad tecnológica”, en el que los avances tecnológicos se fusionan con la especie humana. La información acumulada y debidamente procesada, insiste el experto en cuestión, puede automatizar tareas y programar el orden social a conveniencia del sistema democrático representativo.
Sin embargo, los Estados-nación hasta los momentos no han usado el Big Data para el desarrollo de políticas públicas, más bien el sector corporativo-privado se ha beneficiado enteramente de este proceder tecnológico.
Confiesa Hilbert: “Y todo esto, al final, ¿a qué nos lleva? A crear burbujas, en todos los niveles. (…) Que la gente emocional sólo hable con gente emocional, la gente de acción con la gente de acción, los reactivos con los reactivos. (…) El Big Data permite poner a la gente en muchas más cajas que antes no veías, es un arma de fragmentación muy poderosa.
Sí, esa es una amenaza. Esto de la privacidad y el comercio no es el gran problema (…) Con la tecnología actual, este constructo está completamente abusado y tiene potencial para constituirse en una dictadura informacional, esto hay que decirlo abiertamente. Esto es lo que más me preocupa. La democracia representativa de esta manera no funciona”.
Este modelo de democracia global que tiene como adalid a los Estados Unidos parece un callejón sin salida, a pesar de toda la tecnología que hasta ahora el capitalismo ha desarrollado.

Misión Verdad - Imagenes: ‪blog.ecogreenitrecycling.co.uk‬ - ‪TICbeat‬

Información sobre Monsanto

Trkibunal Monsanto
 
Monsanto ha sido noticia en los últimos días. La Corte Federal de California ha publicado una serie de documentos muy polémicos que muestran que:
    1.    La compañía ya estaba al tanto de la potencial toxicidad del Roundup desde 1999.
    2.    La compañía agroquímica estadounidense le pidió a científicos que co-firmaran los estudios que había escrito sobre el glifosato, uno de los ingredientes activos de su herbicida Roundup, acusado de ser un alterador endocrino.
Se sospecha que Monsanto está coludido con la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), el organismo federal a cargo de la protección de la salud humana y ambiental en los Estados Unidos.
 
Esta nueva información resalta la necesidad del Tribunal Monsanto. Esta movilización internacional sin precedente tuvo lugar el octubre pasado en La Haya. Más de 30 testigos de la sociedad civil, abogados y expertos científicos de todas partes del mundo, brindaron su testimonio ante cinco prominentes jueces. Después de 26 semanas de una examinación exhaustiva y rigurosa de todos los testimonios, los cinco jueces del Tribunal Internacional Monsanto entregarán su opinión consultiva en una presentación pública el martes 18 de abril a las 15:00 horas (GMT+1).
Si no puede asistir a esta presentación pública, el evento será compartido en vivo en francés, inglés, alemán y español en el sitio web del Tribunal Monsantoa las 15:00 horas (GMT+1).
TRIBUNAL INTERNACIONAL MONSANTO
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA OPINIÓN CONSULTIVA

El 15 Y 16 de octubre de 2016, más de 30 testigos, abogados y expertos de alrededor del mundo se reunieron en el Tribunal internacional Monsanto en La Haya para presentar su testimonio sobre el impacto de las prácticas de Monsanto a cinco jueces de distintos continentes.
Esta movilización internacional sin precedentes permitió a testigos y expertos brindar una gran cantidad de material relacionado al daño causado por Monsanto. Los jueces han hecho una revisión exhaustiva y rigurosa de estos elementos durante las veintiséis semanas que transcurrieron desde las audiencias.
El Comité Organizativo y los cinco jueces* lo invitan a la presentación pública de la opinión legal del Tribunal Internacional Monsanto
Martes 18 de abril de 2017 a las 15:00
International Presscentre Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL La Haya, Países Bajos
www.nieuwspoort.nl
*Françoise Tulkens (Bélgica), ex Vice-Presidenta de la Corte Europea de Derechos Humanos y Presidenta del Tribunal Monsanto, Dior Fall Sow (Senegal), Consultora para la Corte Criminal Internacional, ex – Consejera General del Tribunal Criminal Internacional de Ruanda, Jorge Abraham Fernández Souza (México), Juez en la Corte de Litigación Administrativa de la Ciudad de México, Eleonora Lamm (Argentina), Subidrectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y Steven Shrybman(Canadá), Socio en la Firma Legal Goldblatt Partners LLP, especialista en legislación internacional y ley de interés público en Toronto.
Agenda:
15.00: Apertura por Françoise Tulkens, jueza y presidenta del Tribunal Monsanto
15.05: Presentación y explicación de la opinión legal entregada por los cinco jueces del Tribunal Internacional Monsanto
16.00: Preguntas / Respuestas
16.30: Reconocimientos para el comité organizador
16.40: Cóctel
17.30: Cierre
Recordatorio:
Se pide al Tribunal entregar una opinión legal en temas relacionados con:
    •    Violaciones a derechos humanos como el derecho a la salud, al derecho a la alimentación, el derecho a un ambiente sano y a la libertad científica,
    •    Alegaciones de complicidad en crímenes de guerra (agente Naranja – guerra de Vietnam),
    •    El crimen de ecocidio (que todavía debe ser definido y plasmado en la legislación internacional).

 
 Más información en: www.es.monsantotribunal.org - IMagen: ‪El Robot Pescador‬

Eurodiputados contra el glifosato

 En la misma, piden al jefe del Ejecutivo que no proponga ampliar el permiso del glifosato en el bloque comunitario hasta que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) no revisen la validez de los estudios en los que se han basado para determinar que este compuesto no es cancerígeno.

Eurodiputados contra el glifosato Una treintena de eurodiputados, principalmente de los grupos de Los Verdes y de Socialistas y Demócratas (S&D), han enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que piden que no se renueve la autorización del glifosato en la Unión Europea. La misiva está firmada por 30 representantes de distintas formaciones en la Eurocámara, entre los que se encuentran los eurodiputados españoles Ernest Urtasun y Florent Marcellesi, de ICV y Equo, respectivamente. La mayoría de los firmantes forman parte de los grupos socialdemócrata y ecologista, pero también por tres eurodiputados del grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa (EFDD), dos de Izquierda Unitaria Europea (GUE) y uno de Partido Popular Europeo (PPE). 

El origen de las dudas, explican Los Verdes en un comunicado, son los documentos de Monsanto dados a conocer por la justicia de Estados Unidos, en los que se revela que la compañía ocultó estudios críticos sobre el efecto del gligosato. Por ello, los eurodiputados instan a Juncker a tomar cualquier medida de urgencia necesaria para garantizar la protección inmediata de la salud pública y del medio ambiente, así como a conceder apoyo técnico y económico al sector agrícola para una "rápida" transición hacia una agricultura libre de glifosato. Además, reclaman a Bruselas que proponga una revisión de la normativa sobre pesticidas que asegure que las evaluaciones científicas para autorizarlos estén basadas en estudios independientes, la creación de una "lista negra" de empresas que utilicen las "mentiras" como política y que prohíba los contactos directos secretos entre las agencias de la Comisión y los grupos de presión que trabajen "con o para" Monsanto. Por último, piden que el Ejecutivo comunitario que investiga si Monsanto ha falsificado estudios sobre la seguridad del glifosato y, de ser así, se tomen medidas legales adecuadas contra la compañía. La Unión Europea debe decidir en los próximos meses si renueva el permiso del glifosato en la UE. La semana pasada, un informe de la ECHA, que Bruselas estaba esperando para tomar una decisión al respecto, concluyó que este compuesto no es "cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción". Una vez que la ECHA comunique formalmente los resultados de su análisis, la Comisión Europea y los Estados miembros disponen de un plazo de seis meses para adoptar la decisión definitiva. Una treintena de eurodiputados, principalmente de los grupos de Los Verdes y de Socialistas y Demócratas (S&D), han enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que piden que no se renueve la autorización del glifosato en la Unión Europea. La misiva está firmada por 30 representantes de distintas formaciones en la Eurocámara, entre los que se encuentran los eurodiputados españoles Ernest Urtasun y Florent Marcellesi, de ICV y Equo, respectivamente. La mayoría de los firmantes forman parte de los grupos socialdemócrata y ecologista, pero también por tres eurodiputados del grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa (EFDD), dos de Izquierda Unitaria Europea (GUE) y uno de Partido Popular Europeo (PPE). En la misma, piden al jefe del Ejecutivo que no proponga ampliar el permiso del glifosato en el bloque comunitario hasta que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) no revisen la validez de los estudios en los que se han basado para determinar que este compuesto no es cancerígeno. El origen de las dudas, explican Los Verdes en un comunicado, son los documentos de Monsanto dados a conocer por la justicia de Estados Unidos, en los que se revela que la compañía ocultó estudios críticos sobre el efecto del gligosato. Por ello, los eurodiputados instan a Juncker a tomar cualquier medida de urgencia necesaria para garantizar la protección inmediata de la salud pública y del medio ambiente, así como a conceder apoyo técnico y económico al sector agrícola para una "rápida" transición hacia una agricultura libre de glifosato. Además, reclaman a Bruselas que proponga una revisión de la normativa sobre pesticidas que asegure que las evaluaciones científicas para autorizarlos estén basadas en estudios independientes, la creación de una "lista negra" de empresas que utilicen las "mentiras" como política y que prohíba los contactos directos secretos entre las agencias de la Comisión y los grupos de presión que trabajen "con o para" Monsanto. Por último, piden que el Ejecutivo comunitario que investiga si Monsanto ha falsificado estudios sobre la seguridad del glifosato y, de ser así, se tomen medidas legales adecuadas contra la compañía. La Unión Europea debe decidir en los próximos meses si renueva el permiso del glifosato en la UE. La semana pasada, un informe de la ECHA, que Bruselas estaba esperando para tomar una decisión al respecto, concluyó que este compuesto no es "cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción". Una vez que la ECHA comunique formalmente los resultados de su análisis, la Comisión Europea y los Estados miembros disponen de un plazo de seis meses para adoptar la decisión definitiva. ep

Fuente: Sostenibilidad

Chile: La minera "responsable" y sus maniobras

La última leguleyada de Barrick Gold con su proyecto Pascua Lama
Barrick Gold intentó superponer dos cierres ambientales a través de dos servicios del Estado diferentes para abaratar costos del proyecto Pascua Lama. Sin embargo, en un juicio de dos años, la Corte Suprema dio la razón a la Junta de Vigilancia y obligó a la gigante del oro a seguir con el pago anual de 3 millones de dólares a la organización, y con la vigencia de las condiciones ambientales para el valle del Huasco. Las comunidades valoran el fallo, pues dejaba a todos los habitantes con menores resguardos ambientales.


Javier Karmy Bolton

La minera canadiense Barrick Gold ha continuado presionando a la comunidad del Valle del Huasco para dividirla, aún cuando Pascua Lama sigue detenido por graves incumplimientos ambientales que tienen al proyecto con procesos sancionatorios. La Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes, una de las organizaciones que hasta el año 2005 fue parte de la oposición al mega proyecto, ha recibido desde el año 2006, 30 millones de dólares.
Barrick solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que decretara el cierre temporal de Pascua Lama, pese a que el proyecto ya estaba paralizado. Así pretendía abaratar costos, ya que de aprobarse dicha solicitud, conseguirían por una parte reducir el cumplimiento de las exigencias ambientales vigentes en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y, por otra, dejarían de pagar los tres millones de dólares anuales convenidos con la Junta de Vigilancia conformada por los accionistas de agua del Valle del Huasco.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), irónicamente manifiesta que esta era “una leguleyada de la Barrick”, pues intentaba superponer resoluciones de cierre de faenas de diferentes servicios del Estado. Agrega que “es un cierre sobre un cierre, pero desde el punto de vista legal, es distinto”, pues estando paralizada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Barrick “no suspende la vigencia de los compromisos de la empresa, todo lo contrario”. Cuenca explica que, además de continuar entregando el monitoreo de glaciares, “también tenía que seguir pagándole los tres millones de dólares a la Junta de Vigilancia”.
Nicolás del Río, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes informó en una conferencia de prensa en Vallenar el nuevo golpe que le habían dado recientemente a Barrick Gold. El regante afirmó que la Corte Suprema, este 13 de marzo, les había dado la razón “al acoger por un fallo unánime (5-0) un recurso de protección interpuesto en contra del Sernageomin y la Compañía Minera Nevada (nombre de fantasía de la internacional canadiense en Chile), dejando sin efecto el Plan de Cierre Temporal del Proyecto Pascua Lama”, decretado el 29 de septiembre de 2015.
Sernageomin tuvo una conducta “arbitraria”
La historia del conflicto con Barrick Gold es larga. El año 2005, antes de que el ex Presidente Ricardo Lagos aprobara el proyecto Pascua Lama, la Junta de Vigilancia firmó lo que se conoció como el Protocolo de Acuerdo entre Barrick y la organización de regantes. Entre otras cosas, comprometía a la minera canadiense a desembolsar 60 millones de dólares en 20 años, entregados en cuotas de tres millones anuales. Esta fue una estrategia para dividir a los agricultores, principal grupo opositor al proyecto hasta ese año.
El acuerdo se cumplió hasta el mes de septiembre del año 2015 debido a que entonces el Sernageomin aprobó la solicitud de Barrick, mediante la Resolución Exenta N°2418, de acogerse a un Plan de Cierre Temporal.
Según la multinacional aurífera, de esta forma se hacía cumplir el párrafo quinto de la cláusula octava del Protocolo de Acuerdo, donde se sostenía que si las faenas de Pascua Lama se paralizaban por motivos económicos, podía cesar el pago de los tres millones de dólares anuales. Entonces, la Junta de Vigilancia presentó un Recurso de Protección contra esta resolución del Sernageomin, puesto que existían procesos pendientes en la SMA que hacían que el proyecto en la práctica ya estuviera detenido.
Si bien el recurso fue rechazado en agosto de 2016 por la Corte de Apelaciones de Santiago, en marzo de 2017 fue acogido por la Corte Suprema que declaró que el Sernageomin “se apartó del principio de imparcialidad” y que su conducta había sido “arbitraria”, dándole la razón a la organización de regantes.
Por eso, en la conferencia de prensa realizada el 20 de marzo recién pasado en Vallenar, Nicolás del Río, presidente de la Junta de Vigilancia, hizo un llamado explícito a los ejecutivos de Barrick “a concurrir con el pago de las cuotas suspendidas que tienen en una difícil situación a nuestra organización de usuarios”.
“Para Barrick este fallo es un golpe”
Constanza San Juan, vocera de la Asamblea del Guasco Alto, expresa que era “muy extraño” que el Sernageomin aprobara el Cierre Temporal del proyecto Pascua Lama cuando “la empresa estaba paralizada (anteriormente), con dos procesos sancionatorios abiertos por parte de la SMA”.
Para San Juan “la Junta de Vigilancia interpuso el recurso de protección porque, entre otras cosas, ponía en peligro el medio ambiente, pero también porque hay un tema de dineros con Barrick”. Agrega que quien más ganaba era Barrick, pues “el cierre temporal (del Sernageomin) le ayudaba a la empresa a ahorrarse mucho dinero”, ya que reducía significativamente el cumplimiento de las exigencias ambientales que están establecidas en la RCA.
Lucio Cuenca manifiesta que “el Sernageomin excedió sus atribuciones legales, pues debió haber considerado las condiciones ambientales del proyecto”. Además, afirma que este fallo beneficia a la comunidad en la medida en que “se restablecen los compromisos ambientales relacionados con la RCA”. Y espeta: “Para el conflicto, es una buena medida; para Barrick, este fallo es un golpe”.
Para San Juan, en tanto, este fallo “devela y demuestra que los servicios públicos están corruptos y funcionan para las empresas”.

Imagen:
Protesta en contra de la Minera Barrick Gold, ejecutora del proyecto Pascua Lama, en abril de 2011. - Fuente: El Ciudadano

Chile: “Catástrofe ambiental irreparable”: el duro diagnóstico de la comunidad científica sobre Minera Dominga

Teniendo como base empírica la alta vulnerabilidad actual de los océanos, en que solo el 4 por ciento de los mares del orbe posee algún tipo de protección, la pregunta para el mundo de la ciencia es si proyectos industriales como Minera Dominga, que promete la creación de 9.800 empleos, pueden implementarse sin poner en riesgo el delicado equilibrio natural de los ecosistemas.
 
El 9 de abril se vence el plazo para que la empresa Andes Iron, operadora de Minera Dominga, presente la apelación ante el Consejo de Ministros contra la decisión que rechazó, en una estrecha votación, el proyecto minero en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Con una inversión aproximada de US$2.500 millones, este proyecto minero-portuario calificado por sus impulsores como la “Nueva Minería”, debido a las consideraciones ambientales en su planteamiento, dejó de ser hace unas semanas la simple colisión entre dos fuerzas: el criterio económico que aprecia el beneficio de las grandes inversiones que en estos últimos años han sido difíciles de concretar, versus la conservación del medioambiente.
La dimensión política –que en definitiva es la consideración determinante a la hora de aprobar o rechazar un proyecto– pasó de ser la preocupación de autoridades regionales (Coquimbo) a un choque frontal entre visiones contrapuestas al interior del Gobierno de Bachelet, convirtiéndose en un conflicto político inesperado, en un año electoral complejo y lleno de sorpresas.
Si ocurre un derrame, primero todas las aves que están alimentándose quedarían empetroladas, y después el petróleo se desplazará hacia el norte, quedando retenido en la reserva, tendiendo a un impacto adicional en el sector más productivo de la zona centro norte de Chile, al afectar los nutrientes y las larvas que flotan en las aguas superficiales. Para la pesca sería nefasto”, advierte Luna. A la consabida colisión de opiniones entre el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el senador Guido Girardi, ambos PPD, se suma la dilación a la hora de tomar una decisión definitiva –sin perjuicio de la eventual judicialización de esta–, que podría a lo menos llegar al mes de septiembre, coincidiendo con el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, que en la versión 2017, Chile es su anfitrión.
En dicho congreso, en el que estarán presentes la comunidad científica internacional, políticos y activistas ambientales, la dimensión política del conflicto se complejizará aún más, toda vez que nuestro país se verá enfrentado a los compromisos internacionales en el marco de Naciones Unidas y en el que se comprometió, de aquí a tres años, a proteger el 10 por ciento de su zona económica exclusiva, el mar patrimonial.
La revisión del estado de cumplimiento de estos compromisos pondrá en evidencia que Chile está al debe, ya que solo en la Región de Coquimbo y, más específicamente en el área donde se pretende instalar Minera Dominga, que coincide con el sector de mayor riqueza en biodiversidad marina del centro norte del territorio, el país ha protegido actualmente menos de uno por ciento.
La conflictividad política que reaparece periódicamente en esta zona, sitúa también la discusión en una escala superior –aunque no tenga impacto directo en el decurso de la contingencia política chilena–, en donde la controversia alcanza un nivel ético: teniendo como base empírica la alta vulnerabilidad actual de los océanos, en que solo el 4 por ciento de los mares del mundo posee algún tipo de protección, la pregunta que se busca responder es si proyectos industriales como Minera Dominga, que promete la creación de 9.800 empleos, pueden implementarse sin poner en riesgo el delicado equilibrio natural de los ecosistemas.
Aquí la discusión sale de la arena política y se vuelve una cuestión de evidencias, donde la unanimidad de la comunidad científica tiene una respuesta clara y tajante: el impacto en la biodiversidad marina de cualquier proyecto industrial que pretenda instalarse en una zona tan particular del Sistema de la Corriente de Humboldt, será catástrófico e irreparable.
Áreas de influencia 
El Sistema de la Corriente de Humboldt y específicamente la zona marina comprendida entre la Isla de Chañaral, en la Región de Atacama, y Caleta Hornos, en Coquimbo, es una de las áreas en donde existe mayor investigación científica y numerosa documentación. Científicos nacionales e internacionales, como Maritza Cortés, Guillermo Luna-Jorquera, Francisco Cárcamo, Carlos Gaymer, Úrsula Ellenberg, Katrin Ludynia y Alejandro Simeone, entre muchos otros, han documentado que todo el circuito marino comprometido –que es precisamente donde estará emplazado el proyecto minero-portuario y además se encuentra la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH)– es solo una unidad ecológica.
Analizar la posible afectación a la biodiversidad desde esta perspectiva –de acuerdo a la documentación científica–resulta determinante, porque obliga a revisar el impacto de la minera en la llamada zona de influencia.
En el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa Andes Iron, se ha hecho hincapié en que en el área de influencia del Proyecto Dominga, es decir, el espacio marino que se vería directamente impactado, “no existen áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios”, por lo que el impacto de la actividad minera y la operación portuaria, que incluye el tránsito de hasta seis buques de gran envergadura, no provocaría mayor daño, siendo posible su mitigación.
Lo que no incorpora el proyecto portuario en su análisis, como lo ha hecho saber la Conaf en numerosos oficios ordinarios al Servicio de Evaluación Ambiental de la Cuarta Región, es que en las cercanías del proyecto existen tres áreas bajo protección oficial y dos sitios prioritarios. Se trata de Punta Teatinos, hasta Quebrada Honda e incluyendo isla Pájaros, Área Marina Punta de Choros, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH), Reserva Marina Isla Choros-Damas e Isla Gaviota.
Carlos Gaymer, investigador del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte, explica que pensar que, por no estar dentro de las reservas el proyecto no generará impactos negativos en todo el sistema, es no solo no comprender los sistemas marinos, sino que también es simplemente descartar toda la evidencia recogida en años de investigación. “Cuando se caen los proyectos es porque no consideran la mejor ciencia”, dice.
“Toda el área de influencia entre caleta Hornos y Punta de Choros, pasando por Totoralillo Norte y Chungungo, donde se supone que están las áreas de influencia de la minera, están en el corazón de una gran área de importancia mundial para la biodiversidad. Eso hay que dejarlo claro. Se dice que las reservas están más al norte y que no afectaría, pero no, la reservas son parte de este gran sistema”, detalla.
Extinción de especies protegidas
A diferencia de lo expresado por fuentes de Minera Dominga, que –tras ser consultada por El Mostrador sobre cuáles eran los argumentos científicos que respaldaban su visión sobre la ausencia de impacto en las reservas– sostuvo que no era posible entregar la información, ya que, al ser tan extensa “no era viable simplificarla para el artículo”, los biólogos marinos, por el contrario, señalaron que existe documentación específica que confirma que, aun cuando la minera no pase directamente por las reservas, el daño a las especies protegidas es altamente significativo, debido a que se interviene el espacio marino donde estos animales, como el pingüino de Humboldt, se alimentan.
“Los principales objetos de conservación de la RNPH, además del pingüino, son numerosas otras especies de aves y ninguna de esas aves se alimenta en la reserva”, apunta Gaymer.
“Las aves marinas, por ejemplo, nidifican en tierra sobre las islas protegidas, pero se alimentan en el mar. Y la zona donde se concentra el alimento de ellos, el krill y las anchovetas, es justamente la zona donde se piensa poner este puerto. Eso es súper importante porque, cuando uno habla de la zona de influencia, por lo general se piensa en la superficie terrestre de la RNPH y en una milla náutica alrededor de ellas, pero lo que se está buscando hace décadas es que se proteja toda la zona sur. Si usted interfiere la zona sur, que es donde se alimentan, lo que ocurre es que las aves van a morir igual y no van a seguir nidificando, porque no tiene alimento”, señala.
Guillermo Luna, investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y especialista en aves marinas, agrega que “hay que considerar que el hábitat de un ave marina tiene dos componentes: el terrestre, en donde ubica sus colonias de reproducción, y el marino, en donde busca su alimento. Así, ambos componentes se verían fuertemente amenazados por los efectos de una actividad industrial, lo que a su vez tendría consecuencias negativas para todas las poblaciones de animales, incluyendo el ícono de la protección, que es el pingüino de Humboldt”.
En lo que también coinciden los científicos es en remarcar que, si bien el 80 por ciento del pingüino de Humboldt de Chile y Perú está en esa zona, hay muchas otras especies con serios problemas de conservación, algunas en peligro crítico y que viven allí; más 14 especies de cetáceos, incluidas ballena azul, jorobada y otras que se alimentan en esta área.
Hace unos años –refuerza Luna–, se hizo un estudio en el cual se demostró que cada una de las islas contiene combinaciones específicas de plantas, aves y mamíferos terrestres. “Y esto es muy importante para los fines de conservación de la biodiversidad, porque nos enseña que no basta con proteger tres islas, como ocurre en la actualidad”, puntualiza.
“El ejemplo más claro es el islote Chungungo, que queda a solo unos cuantos metros del lugar en que se construiría el puerto, expuesto a un alto nivel de perturbación producto de la actividad propia de un puerto, tales como luminarias y ruido de máquinas operando de día y noche. Resulta que este islote es el único lugar conocido del Pacífico Sur en el que nidifica la Golondrina de Mar chica, una especie acerca de la cual sabemos muy poco de su biología y de su rol en el ecosistema marino. Los efectos de la actividad industrial sobre esta exclusiva colonia no son conocidos y además son muy difíciles de prever, dado el bajo nivel de conocimiento científico que aún tenemos de esta especie en particular”, sostiene Luna.
Derrames: un daño para la pesca artesanal e industrial
Además de las aves, la aceleración en los descubrimientos científicos ha determinado con toda certeza que precisamente en la zona de influencia del proyecto, que dirige el geólogo Iván Garrido de Andes Iron, se ubica uno de los dos focos de surgencia más importantes del país. Se trata de un fenómeno oceanográfico que produce que las masas de aguas que vienen de las profundidades suban a la superficie. Estas, explica Gaymer, “son aguas frías que vienen del fondo del mar y que por los vientos afloran a la superficie, es como si estuvieran fertilizando el océano. Eso hace que esta sea una de las zonas más productivas del norte, porque, al ser fría el agua con gran cantidad de nutrientes, hace que exista mucha vida, desde el fitoplacton hasta todos los niveles superiores, el zooplancton, los peces, etc.”.
Esa riqueza que fecunda la superficie del mar también hace que esta área sea la más productiva de todo el centro norte de Chile en recursos bentónicos, vale decir, de aquellas especies que yacen en el fondo marino, como lapa, loco y erizo.
Según coinciden Gaymer y Luna, el gran peligro para los recursos bentónicos –que constituyen el principal sustento para la pesca artesanal– es la probabilidad de derrame de hidrocarburos por parte de los buques que van a transitar, cinco o seis mensuales, por el Sistema de Corrientes de Humboldt. Todo derrame en cualquier parte de este sistema, tendrá un impacto directo sobre el fondo marino donde habitan las especies adultas y juveniles.
Pero esto no afectaría solo a la pesca artesanal. Gaymer detalla que en las cinco millas que son exclusivas para la pesca artesanal, están autorizadas las operaciones de las flotas arrastreras de pesca industrial, como la langostinera y la camaronera. “La zona de influencia directa de Minera Dominga es justamente donde, producto de la surgencia, se acumulan las larvas y adultos de estas especies. Eso quiere decir que la pesca industrial de arrastre también se verá afectada por el impacto específico en la población de camarones y langostinos”, apunta.
Aun cuando el proyecto minero ha especificado que, para controlar un posible derrame de hidrocarburos, Dominga contará con implementos y equipos de acción rápida en el terminal de embarque, los científicos explican que esta zona en particular tiene un singular sistema de corrientes que hace que cualquier eventual derrame tenga impactos nocivos en toda el área que se desea conservar.
En esta zona existe un sistema insular, el sistema insular costero de Coquimbo, con islotes como Pájaro1, Pájaro 2, más Choros, Damas y Gaviota. Este sistema de islotes, según explican los científicos, hace que lo que se va al norte quede retenido por el sistema de islas. “Lo que está claro es que, por el régimen de corrientes y vientos, cualquier tipo de derrame que ocurra en la zona estaría incluso ya sobre el sector de nidificación de las aves, por lo que constituye un riesgo gigantesco”, dice el doctor Gaymer.
Tanto este como Luna sostienen que es evidente que estos son accidentales y que nadie está interesado en perder combustible, sin embargo, los accidentes ocurren y las consecuencias para las aves marinas son dramáticas. “Y no solo para las aves, sino que para el resto de la biota marina también, por lo cual no es prudente ni aconsejable desarrollar tal nivel de actividad portuaria en un área de tanto valor para la biodiversidad de Chile y el mundo”, asegura el investigador de la Universidad Católica del Norte.
“Si ocurre un derrame, primero todas las aves que están alimentándose quedarían empetroladas, y después el petróleo se desplazará hacia el norte, quedando retenido en la reserva, tendiendo a un impacto adicional en el sector más productivo de la zona centro norte de Chile, al afectar los nutrientes y las larvas que flotan en las aguas superficiales. Para la pesca sería nefasto”, advierte Luna.
El paisaje del sonido y la luzHay otro punto sumamente novedoso, aclaran los biólogos marinos, pero sumamente crítico también: la contaminación de los sonares y el peligro para las especies bentónicas.
Junto con la elevada probabilidad de colisiones de buques con especies cetáceas que llegan a buscar el krill en esta zona y los riesgos también para la única colonia residente de delfines nariz de botella que viven en isla Choros, pero se alimentan en la zona de influencia de Dominga, existe asimismo numerosa evidencia de que la interacción de los sonares genera problemas de orientación de los cetáceos, que muchas veces provocan varazones o emigración a otras zonas, porque no soportan el ritmo de visitación de estas embarcaciones de gran calado. Pero además de este peligro, los sonares y el ruido que produce el puerto, estaría afectando a las larvas de los locos y las lapas, entre otras, que se dispersan flotando en la columna de agua como si fueran sus semillas.
Para que esas semillas puedan ser extraídas cuando se convierten en adultos o juveniles, requieren señales que son estudiadas por una ciencia muy novedosa: la Ecología del Paisaje del Sonido. Lo que se ha demostrado es que los arrecifes temperados, donde viven los locos y las lapas, emiten sonidos. Esos sonidos son emitidos normalmente por los padres, para atraer a las larvas al lugar donde tienen que apegarse al fondo y poder transformarse en recurso.
“Ese es un tema del que hasta hace poco no se tenía idea. Genera problemas serios, enmascara el sonido del arrecife y las larvas que no son capaces de encontrar los lugares para asentarse, se mueren. Eso significa que no solo se va a afectar a los adultos, sino también a las larvas que están flotando en el placton. Y eso sería una catástrofe no solo para los recursos como los locos y las lapas, sino también para todos los que tienen fase larvaria”, plantea Gaymer.
Otro tema que se ha mencionado muy poco –interviene Luna– es el relativo a los efectos de las luminarias sobre petreles (aves que se alimentan de los huevos de los peces y las larvas de moluscos y crustáceos) y otras especies de aves marinas.
“El efecto de las luminarias lo hemos estudiado y podemos decir que tanto las luminarias del puerto como de los barcos van a ocasionar la muerte incidental de un número no determinado de petreles que son atraídos por la luz y mueren debido a los impactos con los focos o postes. Hay que mencionar que, en el caso del Yunco, hablamos de una especie endémica con estado de conservación en peligro y poblaciones en descenso. La mortalidad incidental debido a las luminarias es un problema crónico, es decir, que es permanente en el tiempo, lo que podría ocasionar un agravamiento del estado de conservación de la especie en todo lo que dura el proyecto, o sea, durante 26 años”, señala el profesional.
Compromisos internacionales
Chile es uno de los pocos países en la región que ha hecho grandes esfuerzos por proteger áreas marinas, especialmente en las islas oceánicas. Respecto a los sectores costeros, es allí donde se encuentra la principal deuda, especialmente cuando se trata de dar cumplimiento al Convenio para la Diversidad Biológica, ratificado por Chile en 1995 y que establece que al 2020 los países firmantes se comprometen a proteger el 10 por ciento de la zona económica exclusiva.
Además de ese convenio, los científicos opinan que cualquier proyecto industrial estaría además poniendo al país en el incumplimiento del Convenio ratificado para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas naturales, y el Convenio Sobre la Conservación de Especies Migratorias y Fauna Salvaje.
Fuera de lo que podría ser una violación de tratados que, cuando se adscribe a ellos, asumen dimensión de ley, la comunidad científica cree que, ante la abundante evidencia existente a nivel internacional, no parece recomendable que una zona tan particular del Sistema de la Corriente de Humboldt pueda verse amenazada por este u otro tipo de proyecto industrial.
Para la ciencia, el Sistema Costero de Coquimbo es una muestra única, de valor mundial, de la rica biodiversidad de la costa continental del Pacífico del Sur.
“No cabe duda alguna de que, si hay un lugar que se debe proteger, es este. Esta zona debe ser protegida, permitiendo un desarrollo sustentable que garantice y extienda sus beneficios presentes y futuros a la población local y al resto del mundo”, concluye Gaymer, que con Luna son dos de los expertos con mayores publicaciones científicas sobre la materia.

Fuente: Mostrador

Chile: HidroAysén, una radio en el sur del mundo y el riesgo de cárcel para una locutora

Luego de intentar legalizar su actividad en tres ocasiones desde 2013, la emisora tuvo que clausurar su actividad por miedo a que alguno de sus miembros termine tras las rejas. Su directora está a la espera de ser formalizada tras ser acusada de operar fuera de la legalidad. “La ley está hecha para los que tienen plata, para los grandes consorcios", apunta Andrea Rosas, una de sus locutoras.

Javier Paredes Godoy 

Esta semana se dio a conocer que la radio Madre de la Divina Providencia, conocida como Madipro, que funciona en Villa O’Higgins en la Región de Aysén, cerraría. La decisión correspondía a un ejercicio defensivo, luego de que la fiscalía de Cochrane iniciara una investigación que los acusa de operar por fuera de la legalidad, motivo por el cual este próximo 28 de marzo se formalizará a Yaline Riveros, responsable legal del medio en tanto directora del mismo. Arriesga tres años de cárcel por contravenir la Ley General de Telecomunicaciones
 
Madipro es una red de radios fundada a inicios de 1991 por el padre Antonio Ronchi. El objetivo era dotarse de una herramienta social -un grupo humano con cierto alcance- que le permitiese evangelizar. El “cura rasca”, como se le conocía, había llegado en 1961 desde Italia con tal cometido y, treinta años después, fundaba la red que contemplaba al Canal 3 TV, Madipro y se incorporaba a los medios del Vicariato Apostólico, conducción intelectual y moral de la iniciativa.
La radio Madipro, en específico, se funda en 2002 y forma parte de un conjunto de emisoras también creadas por el padre Rochi, pero de alcance regional: Puerto Aysén, Mañihuales, Chile Chico, Cochrane, Puerto Cisnes, La Junta y Coyhaique.
En conversación con El Ciudadano, Andrea Rosas, la más notable locutora de la ahora clausurada radio, explica que el conflicto que culmina en la situación actual, comienza “cuando llega el alcalde nuevo (Roberto Recabal, independiente electo en cupo RN)”. “Él es pro represas y estaba enemistado con el obispo de Aysén en la localidad”, sostiene. Hasta entonces, la radio se sostenía a partir del apoyo municipal, cuestión que involucra funcionarios dispuestos y recursos, entre otras cosas. El alcalde echa pie atrás de esa relación acumulada por décadas en favor de la instalación de su propia radio, por lo que corta los recursos a la emisora y levanta la Radio Bernardo O’Higgins, financiada, entre otras entidades, por HidroAysén, según indica Antonia Rosas.
Madipro debe volverse hacia la sociedad civil. La sostienen entre juntas de vecinos, empresarios de la Cámara de Turismo y la Agrupación Río Pascua, presidida por Yaline Riveros. La última agrupación es reconocida como “la más firme y que cuenta con más personas en su organización”, según señala Rosas, por lo que asume la responsabilidad sobre el proyecto mediático.
Hoy, sin embargo, la locutora se lamenta y señala que “decidimos cerrar la radio, porque la opción implica cárcel para cualquier eventual imputado”. “No estamos en condiciones de asumir ese riesgo”, concluye.
“La ley está hecha para los que tienen plata, para los grandes consorcios”
El Vicariato Apostólico de Aysén ha postulado en tres ocasiones a través de su unidad Aysén Comunicaciones a la legalización de su actividad. A cuatro años del primer intento, todas han sido rechazadas y recién ha llegado a manos de los postulantes la justificación de la primera respuesta. Rosas indica que las razones esbozadas no son sustantivas, y se refieren a cuestiones de forma de la postulación. Apunta que el trámite es excesivamente costoso y burocrático, de modo que “la ley está hecha para los que tienen plata, para los grandes consorcios. Si a ellos sirve esta ley, implica que a las radios comunitarias no”.
Sin embargo, apunta a que hay motivos más profundos. “Siempre hemos estado contra el proyecto HidroAysén”, señala. Se refiere a la represa que se pretende construir en la región para aprovechar el afluente de los ríos y producir energía eléctrica, inundando enormes terrenos. “Ha habido compra de estudios y compra de conciencias a través de proyectos truchos. Lo hemos visto en la puerta de nuestras casas y es algo innegable para los vecinos”, denuncia.
Y va más allá cuando afirma que “el actual alcalde financió su campaña a través de la Corporación Aysén por Aysén”, vinculada a HidroAysén, la que -asegura- “facilitó recursos para levantar la radio Bernardo O’Higgins”. En ese sentido, agrega que “somos la piedra de ese zapato como vecinos, además de que, como locutora, soy  bastante crítica de las políticas exógenas y a ciegas realizadas en nuestra localidad, dejando en peores condiciones a los lugareños”. Irónica, añade que todo sucede “en paralelo a discursos sobre soberanía que no se realizan, porque perdemos soberanía”.
“Es vergonzoso que una vecina pueda ir a la cárcel por comunicar”
“Esta medida intenta acallar una emisora que durante más de tres décadas ha comunicado y servido de expresión a ese alejado poblado. Es vergonzoso que en Chile una vecina pueda ir a la cárcel simplemente por comunicar a su comunidad”. Esa fue parte del categórico pronunciamiento del Colegio de Periodistas tras conocerse lo ocurrido a la radio Madipro.
Junto con ello, la organización llamó al Gobierno “a cumplir con los estándares internacionales y respaldar un camino legislativo que erradique la posibilidad de que un ciudadano y ciudadana pueda ir a la cárcel por ejercer un derecho tan básico como expresarse a través de un medio de comunicación”.
En diálogo con El Ciudadano, la presidenta del Colegio, Javiera Olivares, señala que “solo en 2016 son seis o siete casos donde se produjo la misma situación, de trabajadores que terminan detenidos y sus equipos decomisados, y lo hemos denunciado reiteradamente a la Subsecretaría de Comunicaciones”.
Apunta que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las democracias no deben atentar contra la libertad de expresión criminalizando y penalizando con cárcel el ejercicio del radialismo” y que Chile debe seguir la letra y espíritu de los tratados que ha asumido como propios, en particular la doctrina de la CIDH. Especifica que, jurídicamente, se trata del artículo 136 b de la Ley General de Telecomunicaciones, la cual pretende ser derogada por un proyecto de ley presentado por el senador Alejandro Navarro.
Por último, Olivares expresa que “consideramos que el artículo no protege ni garantiza un derecho humano, que es el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión de la ciudadanía, que no se puede amenazar con cárcel o tener sanciones penales que impliquen cárcel por hacer radio, con o sin licencia”.

Fuente: elciudadano.cl


Este río en Nueva Zelanda tiene los mismos derechos que una persona

El río Whanganui, venerado por la tribu maorí por más de un siglo, contará con dos miembros que lo representen y defiendan.

Nueva Zelanda ha dado un importante ejemplo sobre el cuidado de sus recursos naturales y el respeto por los pueblos originarios. Desde la semana pasada, el río Whanganui es una "persona jurídica" y cuenta con derechos y obligaciones luego de un inédito y aplaudido acuerdo firmado por el Parlamento de aquel país.
Este río es el tercero más grande de esta nación y ha sido venerado durante más de 160 años por la tribu maorí.  Durante este período ellos lucharon para que el Whanganui fuera reconocido como un  antepasado, como una entidad viva.
Así, el río tendrá los mismos derechos que una persona y sus intereses podrán ser defendidos por un representante del Estado y otro de la tribu maorí. De esta forma, si alguien perjudica al río deberá enfrentarse a la ley.
"La razón por la que hemos tomado este enfoque es porque consideramos al río como un antepasado y siempre lo hemos hecho así. Hemos luchado para encontrar una aproximación a la ley para que otros puedan entender que desde nuestra perspectiva, tratar al río como una entidad viva es la forma correcta de acercarnos a él, como un todo indivisible, en lugar del modelo tradicional de los últimos 100 años de tratarlo desde una perspectiva de propiedad y manejo", señaló a The Guardian, Gerrard Albert, uno de los negociadores para esta tribu.
Un grupo importante de miembros y representantes de la tribu maorí celebró esta noticia frente al parlamento neozelandés. Algunos lloraban mientras otros danzaban y sin duda todos pensaban en aquel tradicional dicho de este pueblo: "Yo soy el río y el río soy yo".

por Equipo VV: veoverde.com